12 julio, 2002

El presidente Abel Pacheco y los jefes de las cinco fracciones legislativas exploraron ayer las diferentes propuestas de cada partido político para tramitar el plan de reordenamiento fiscal que presentó el Gobierno.

Sin embargo, después de una hora y media de reunión, en Casa Presidencial, no se llegó a ningún acuerdo sobre la metodología que se utilizará para discutir la iniciativa.

A la salida del encuentro, a las 7 p. m., Pacheco reconoció que algunos diputados se oponen a la conformación de una comisión mixta especial, que impulsa el Partido Acción Ciudadana (PAC) y que el mismo mandatario avaló el martes pasado, después de un almuerzo con legisladores de ese grupo.

Como medidas alternativas, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Movimiento Libertario presentaron anoche al presidente Pacheco otras sugerencias.

Esas propuestas, dijo el mandatario, se analizarán el próximo miércoles, cuando se vuelva a reunir con los jefes de fracción para tratar de llegar a un acuerdo.

Tales discusiones forman parte de un intenso cabildeo de la actual administración con las fracciones legislativas, para lograr la aprobación de una reforma fiscal.

La próxima semana se reunirá, por separado, con los jefes de las bancadas del Congreso.

Opciones

Durante el encuentro de anoche, Bernal Jiménez, del PLN, propuso que el plan fiscal se divida en proyectos independientes.

Así, explicó, podrán ser estudiados por diferentes comisiones del Congreso, de manera simultánea.

Federico Malavassi, representante del Movimiento Libertario, propuso que el plan fiscal –al que calificó de paquete tributario– sea aprobado junto con otras medidas como la racionalización de la deuda política, entre otras.

Explicó que su agrupación se opone a la comisión mixta especial porque la considera una "maniobra política", que no ayudará en la solución del problema fundamental.

Ante la diversidad de propuestas, el mandatario aclaró que no ha dado su apoyo definitivo a ninguna y, más bien, planteó su propia salida.

Pacheco propuso que el debate sobre las reformas más urgentes se haga en el Congreso, mientras que aquellas que requieran una discusión a largo plazo sean analizadas en un foro con participación civil.