Los procedimientos administrativos internos del Oirsa establecen que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) debe recibir el excedente de recursos que el país recauda.
El 75% del excedente se debe emplear en programas fito y zoosanitarios; hasta el 15% se destina al despacho del ministro y el 10% debería dirigirse a la atención de emergencias.
Sin embargo, en el MAG ni en ninguna otra dependencia del Estado existen registros del ingreso de ese dinero y solo un círculo muy cerrado cercano al Ministro sabe cómo se invierte.
Y lo mismo ocurre en los ministerios del resto de América Central, México y República Dominicana. Los recursos de Oirsa para el resto de naciones se asignan de igual manera a como se hace en Costa Rica
Cuentas. Del total del dinero recaudado, el Oirsa destinó en el 2006 el 44% para cubrir sus gastos de operación en el país ($1,3 millones o ¢666,5 millones).
Al restante 56% ($1,6 millones o ¢829,4 millones) se le considera como el excedente que debe reinvertirse en el país.
En Costa Rica, para el 2006, el Oirsa reservó $949.400 (o ¢408,3 millones) para los programas fito y zoosanitarios (prevención y control de enfermedades vegetales y animales).
Para el apoyo al despacho del Ministro la entidad presupuestó $189.900 (¢96 millones); para emergencias dispone de $126.600 (¢64 millones) y otros $103.400 (¢52,3 millones) para gastos "varios", según el plan bianual de presupuesto del Oirsa 2006-2007
Pero de acuerdo con ese mismo documento, hay $270.000 de los excedentes (equivalente al 9,2%) que no aparecen asignados a ningún rubro.
La Nación trató de consultar estos aspectos al Oirsa, pero ni su representante en Costa Rica ni su director en El Salvador respondieron a las llamadas del diario.
Según el artículo 5 del convenio suscrito entre el MAG y el Oirsa en 1988, la forma en la que se invierta el superávit deberá ser aprobada previamente por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, hasta hoy ni el Oirsa ni el MAG han presentado un presupuesto ante la Contraloría, ni facilitado documentos para fiscalizar la recaudación y el uso de los fondos.