Plan minero bajo presión

Aunque la minera obtuvo la concesión para extraer oro de Las Crucitas de San Carlos desde diciembre del 2001, ahora debe enfrentarse a un nuevo decreto ambiental que frena las explotaciones de oro, un recurso de inconstitucionalidad, una solicitud de nulidad y la oposición de los grupos ambientales.

Un ejemplo de estas presiones lo constituye el decreto del 5 de junio pasado, que declara una moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad minera de oro a cielo abierto en todo el territorio.

Queda excluida de esta moratoria la única empresa que ya cumplió con los requisitos ambientales preestablecidos. Ese es el caso de la firma Río Minerales, que tiene una concesión para explotar oro en el cerro Bellavista en Montes de Oro de Puntarenas.

Esta empresa no ha empezado la construcción de la mina en el sitio a la espera de un permiso municipal de construcción pendiente.

La situación en San Carlos

En el caso de Industrias Infinito, su situación es más difícil.

Según el director de geología y minas del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), José Francisco Castro, el decreto de moratoria no significa que la empresa pierde su concesión, pero sí una evidente postura de oposición del nuevo gobierno.

Así las cosas, la minera primero tendrá que lograr la aprobación de su estudio de impacto ambiental, que está pendiente de resolución en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), desde el 12 de marzo.

Aún así, el ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, consideró que Industrias Infinito –subsidiaria de la firma canadiense Vannesa Ventures–, "aún no tiene la concesión minera consolidada legalmente".

Esto por cuanto sobre ella pesa un recurso de nulidad de la concesión, presentado por el propio Abel Pacheco en febrero de este año, cuando era diputado de la administración Rodríguez Echeverría.

Además, dos vecinos de San Carlos presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV pues consideran que la explotación de oro a cielo abierto en la zona contradice el derecho a un ambiente sano, establecido en el artículo 50 de la Carta Magna.

Por último, grupos ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), consideran un riesgo la extracción de oro con técnicas a base de cianuro.

Según el presidente de esta organización, Luis Diego Marín, el país no tiene la capacidad técnica para fiscalizar el tratamiento que se le de a la arcilla residual con cianuro.

Según las estimaciones de Apreflofas, esta sal es tan tóxica que el equivalente a un grano de arroz podría ser letal para un adulto.

Empresa tranquila

Aún con todas estas posiciones en contra, el gerente general de la empresa, Jesús Carvajal, asegura que Industrias Infinito desarrollaría en el país uno de los sistemas de extracción de oro más modernos, con estrictos controles para asegurarle a la población "que los restos de arcilla y otros materiales no tendrían niveles tóxicos de cianuro". A Vea Infográfico.

Carvajal también explicó que el aprovechamiento de unas 600.000 onzas de oro en 10 años representaría millones de dólares para el país.

Según sus cálculos, si cada onza de oro se cotizara a su precio actual ($320), la venta total alcanzaría los $192 millones en toda la década.

De ese gran total, el 45 por ciento ($86,4 millones), se quedaría en manos del Estado por concepto de un canon fijado en el Código de Minería, el pago de salarios y los impuestos de la renta y ventas.

Por lo pronto, el jerarca de la Setena, Eduardo Madrigal, aseguró que la oposición del Gobierno a la minería no ha interferido en la decisión técnica de la Secretaría; que podría resolver si el proyecto es "ambientalmente viable o no" a finales de este mes.

Jesús Carvajal reconoció que la firma "no está en contra de la voluntad del país e incluso estaría dispuesta a discutir una anulación del contrato, siempre y cuando el Estado se lo pida.

Eso sí, esto significaría, según la compañía, una indemnización de $500 millones (¢182.500 millones).