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El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) aboga por la colegiatura obligatoria de quienes ejercen en ese campo, mientras representantes académicos y empresariales consideran que, de quedar en firme, la medida afectará puestos de trabajo y pondrá a personas al margen de la ley.
La discusión comenzó a inicios de noviembre, cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta el dictamen afirmativo al proyecto 18.928 de reforma integral de la Ley N.º 7.537, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y sus Reformas.
Esa iniciativa, así como el proyecto de ley N.º 18.919, establecen la obligatoriedad de que los profesionales de informática, computación y carreras afines, se colegien.
Catalina Blanco, gerenta general del CPIC, aseguró a La Nación que esta no es una posición antojadiza, sino más bien una garantía ante la sociedad.
“La idea no surge de una junta directiva, sino de una reunión de asamblea, que es el órgano máximo del Colegio”, explicó la representante del CPIC.
Blanco destacó que también es un asunto de vigilancia y de ética. “Estamos hablando de que no solo debe haber beneficios para el gremio o los profesionales, sino un entorno de garantía a la sociedad, de que esta pueda ejercer un control social pues es la que recibe el producto final: el trabajo de los informáticos”.
Resistencia. Sin embargo, la medida ha encontrado la oposición de sectores como el de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). Su presidente, Luis Carlos Chaves, se manifestó así: “Pretender que todos los que trabajan en el gremio cuenten con estudios universitarios es quitarle un rango importante a la gente creativa”.
Además, destacó que por el mismo carácter de la industria, “no necesariamente se requieren estudios formales, porque está basada en el conocimiento y en la resolución de algoritmos y de problemas que forman parte de la lógica o naturaleza humana”.
Según el representante de Camtic, la ley propone que todo profesional de Informática y áreas afines solo podrá ejercer su profesión cuando se encuentre incorporado al CPIC, que será el encargado de habilitar el ejercicio profesional.
Chaves aclaró que el Colegio argumenta que solo regularía a los bachilleres y licenciados; el problema, según él, es que todas aquellas personas que no cumplen con los requisitos (tener un título universitario) no podrían ser habilitados.
Para el presidente de Camtic, alguien que haya obtenido una certificación, haya estudiado en colegios técnicos o en el Instituto Nacional de Aprendizaje, por ejemplo, y ejerza como desarrollador o como administrador de base de datos, “podría ser perfectamente acusado por ejercicio ilegal de la profesión”.
Sobre ese mismo punto, el académico Ignacio Trejos, profesor del Instituto Tecnológico y rector de la Universidad Cenfotec, destacó que un sector como el de los alumnos que estudian y trabajan ya en el área de informática –para pagar su educación– se vería amenazado, de aprobarse la colegiatura obligatoria.
Según Trejos, es probable que los usuarios que contratan los servicios de las personas del sector también se verían afectados con una medida de este tipo. “¿Qué pasa conmigo si soy alguien que requiere de los servicios de una persona que no esté titulada? ¿Puedo ponerme en una situación de ilegalidad? Sí, igual que cuando a uno le venden cosas sin factura”, apuntó.
El académico forma parte del CPIC y se integró como agremiado porque considera que los colegios deben construirse desde adentro. Aun así, se opone a la medida al considerar que “va a limitar el ejercicio profesional, inflar costos, meter a la gente peligros de ilegalidad y convertirlos en ‘criminales’ por un artificio de estos”.
Debate. Ante tales argumentos, la representante del CPIC, Catalina Blanco, presentó su defensa: “El Colegio es un ente administrativo ético. No somos un sancionador penal, ni tampoco queremos crear un letargo en el desarrollo, todo lo contrario. Queremos promover el desarrollo de políticas y regulaciones para todo el sector”.
Otra de las preocupaciones de los opositores a esta iniciativa es cómo impactaría en la industria.
Según una estimación de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, en la actualidad unas 85.000 personas trabajan en este sector y cerca de 30.000 (un 35%) de ellas no cuentan en este momento con un título de bachiller o licenciado.
En la actualidad, el CPIC tiene unos 7.692 profesionales agremiados y el costo de la incorporación es de ¢56.000.
