El Ministerio de Salud nicaragüense conformó el jueves una comisión de médicos que resolverá si se debe practicar un aborto terapéutico a Rosita, la niña de nueve años que resultó embarazada en Costa Rica.
Sin embargo, como la menor ya tiene unas 12 semanas de gestación, la Procuraduría de la Niñez de esa nación solicitó al grupo de expertos que la respuesta se emita en cuestión “de horas”.
Así lo confirmó ayer en entrevista telefónica con La Nación el procurador, Carlos Emilio López.
“Eso sí, si se decide interrumpir el embarazo es porque la vida de la niña está en peligro”, dijo.
La niña continúa recluida en un centro para menores abusadas desde el 12 de febrero pasado, cuando su padrastro y su madre, Francisco Fletes y Rosa Reyes, decidieron sacarla de suelo costarricense.
Aborto sin apoyo
Mientras se resuelve este caso, el diario La Prensa de Nicaragua señaló ayer que varios médicos especialistas no recomiendan el aborto.
Algunos coinciden en que el embarazo puede llegar a feliz término si la pequeña es atendida y vigilada estrictamente durante los meses que faltan para el alumbramiento.
Por lo pronto, la menor no ha sido examinada por los médicos.
La comisión está conformada por un obstetra, un endocrinólogo y un psicólogo, entre otros.
Ayer, durante una visita a Costa Rica, el obispo de los departamentos nicas de Chontales y Río San Juan, Bernardo Hombak, aseguró que la Conferencia Episcopal de su país se opone al aborto.
“Aunque sea una niña de nueve años la embarazada, no hay motivo para abortar. Aquí los responsables son los padres porque no supieron cuidarla y porque moralmente es injustificable que aboguen por matar al ser que ella lleva en su vientre”, dijo.
En Costa Rica las autoridades de Salud y de la Niñez se declararon sorprendidos anoche cuando confirmaron que un grupo no gubernamental de mujeres nicaragüenses pretende demandar al país “por negligencia”.
En San José, la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Rosalía Gil, reconoció ayer que el caso de la niña es complicado, pero afirmó que Rosita recibió toda la atención debida, por lo que descarta que una denuncia de este tipo contra el país prospere en los tribunales.
Colaboraron Ángela Ávalos y Carlos Hernández, de La Nación.