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Un acuerdo político agilizó el trámite del proyecto de reforma a la Ley de concesión de obra pública a tal punto que hoy mismo sería votado en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Ese foro tiene plazo hasta el 31 de enero para dictaminar el plan; sin embargo, la presidenta de Hacendarios, Silvia Charpentier, aseguró que lo pondrá a votación esta tarde.
Liberación Nacional, Acción Ciudadana, el Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana negociaron introducir algunas modificaciones sugeridas por la Corte Suprema de Justicia y la Sala IV para evitar roces con la Constitución.
La reforma a la Ley de concesión de obra pública se aprobó en primer debate el 25 de julio; no obstante, la Sala IV frenó su trámite debido a que el texto no se consultó a la Corte Suprema de Justicia.
Tres magistrados constitucionales hicieron observaciones sobre el fondo de la iniciativa, que serán incorporadas en el nuevo texto.
La Corte también recomendó cambios cuando el Congreso le consultó el proyecto.
Por ese motivo, el plenario envió el plan durante dos semanas a la Comisión de Hacendarios para introducir las modificaciones.
La reforma a la Ley de concesión de obra pública es una las prioridades del Gobierno para impulsar la construcción de carreteras y aeropuertos.
Cambios. La liberacionista Charpentier explicó que se eliminará la posibilidad de someter a arbitraje la fijación de tarifas, si se reajusta el equilibrio financiero de un contrato de concesión.
También se modificará un artículo que subordina el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de Concesiones, que es un órgano de menor rango.
“Vamos a dejar el Consejo como lo que es: un órgano técnico”, advirtió la legisladora Charpentier.
Otro aspecto que se cambia es la obligatoriedad del arbitraje para dirimir conflictos.
La diputada Charpentier dijo que el nuevo texto aclara que el contrato y la obra pública dada en concesión no serán sujeto de prenda especial en caso de que el concesionario quiera obtener financiamiento bancario.
José Merino, del Frente Amplio, aseguró que no llevará el proyecto a consulta ante la Sala IV (una vez aprobado en primer debate), si se incluyen las sugerencias de los magistrados.
