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Por acuerdo internacional, Costa Rica está obligada a eliminar 8.500 kilos de DDT, un plaguicida altamente tóxico y prohibido que se utilizó durante décadas para combatir la malaria.
Sin embargo, el peligroso cargamento lleva 20 años almacenado en una bodega del Ministerio de Salud, a la espera del dinero necesario para exportarlo e incinerarlo en algún país europeo.
El dicloro difenil tricloroetano (DDT) está incorporado en una lista de 12 sustancias tóxicas que deben ser eliminadas del planeta, según el Convenio de Estocolmo, una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Costa Rica firmó el convenio desde el 2002, pero la Asamblea Legislativa aún no lo ratifica.
Especialistas en Salud y Ambiente cuestionan la apatía del Congreso, pues al no ratificarlo como ley de la República, el país se pierde la oportunidad de recibir dinero del extranjero para deshacerse del DDT y de otros plaguicidas y químicos venenosos.
Arturo Navarro, químico industrial del Ministerio de Salud, confirmó que incinerar cada tonelada del plaguicida le costaría al país unos $4.000.
Para deshacerse de todo el DDT Costa Rica necesita $34.000 (¢17 millones), sin contar los costos de embalaje, transporte marítimo y pólizas de seguros por trasladar sustancias peligrosas.
"Entre la prevención de enfermedades y la destrucción de tóxicos, el país prefiere atacar los padecimientos. El manejo de tóxicos queda en segundo plano", reconoció Navarro.
Lo único garantizado en este momento es que el DDT está bien resguardado en el Ministerio de Salud. Se trata de decenas de cajas de cartón y varios estañones apilados en una bodega en Pavas.
Es probable que lleve más de dos décadas embodegado, pues las cajas hacen referencia a 1983 como fecha de fabricación del producto.
Desde 1998 se prohibió su importación y venta en el país. La exposición continua y durante extensos períodos está asociada a padecimientos del sistema nervioso y no se descarta que sea cancerígeno.
Otras preocupaciones. María Guzmán, directora de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente (Minae) sí recalcó que la inoperancia de la Asamblea no ha incidido en los esfuerzos del país para cumplir con el Convenio de Estocolmo.
Entre esos compromisos está el levantar un inventario de los otros 11 tóxicos prohibidos. Se debe identificar cuáles de ellos entraron al país, en qué cantidad y, si hay remanentes, determinar dónde están.
Entre ellos hay insecticidas como el dieldrín y el aldrín. Otros son compuestos químicos como los bifenilos policlorados conocidos como PCB, que se usaron en el pasado como aceite refrigerante y aislante para transformadores eléctricos.
Juntos se les conoce mundialmente como "la docena sucia".
En el caso de Costa Rica, María Guzmán teme que muchos remanentes de plaguicidas fueran enterrados desde los años ochentas. Si es así, hay un alto riesgo de que el líquido se drenara en los suelos y afectara cauces de ríos y las costas.
También le preocupa la poca capacitación técnica de las autoridades aduanales, pues su desconocimiento de los compuestos químicos es un portillo para que ingresen al país tóxicos prohibidos.
