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Contratar servicios de salud privados no necesariamente tiene que ser más caro para la Caja que dar los servicios por sí misma, pero la forma en que lo ha hecho le ha dejado pérdidas.
La CCSS tiene cinco contratistas privados y uno público (la Universidad de Costa Rica) y cada uno le cobra una tarifa diferente.
Si la Caja contratara al precio más bajo, solo este año podría haber ahorrado ¢1.706 millones, según la Contraloría.
El monto podría ser más si se considera que los datos más recientes de la Caja son mayores a los manejados por la Contraloría al hacer el cálculo.
Solo el año pasado, el monto que el país destinó a pagar estos contratos fue casi el 20% del presupuesto de servicios médicos de la Caja.
De 1999 al presente año, la Caja ha pagado ¢45.000 millones a estas empresas, sin contar el préstamo gratuito de equipos y edificios y pagos fuera de contrato.
Más caro. Si se compara el costo de los servicios privados con el costo de la Caja del 2000 al 2006, según datos de la Contraloría, se observa que el segundo es más barato y el país pierde dinero.
Aunque unos contratistas son más baratos que otros e incluso que la Caja en algunos momentos, el pago total que se ha hecho a los privados es más oneroso. Por ejemplo, en el 2000, un paciente de la Caja costó ¢8.059, pero esta pagó en promedio ¢10.186 a los contratistas por un servicio similar.
Un paciente que del 2001 al 2006 se atendió directamente con la CCSS costó en total ¢88.141 y uno atendido por los particulares en promedio le costó al país ¢93.818.
No obstante, alguien que se atendió con la Universidad de Costa Rica costó apenas ¢76.905. ¿Significa esto que la CCSS maneja los recursos de forma ineficiente y los servidores privados se están ganando una amplio utilidad?
Eduardo Doryan, quien asumió la presidencia ejecutiva de la Caja en mayo pasado, respondió que él se hace la misma pregunta y ordenará hacer un estudio.
Se consultó a Ana Guzmán, funcionaria que ha estado al frente de los modelos tarifarios por varios años, sobre estos problemas.
La funcionaria manifestó que el que hubiera una posibilidad de ahorro no significa que se pierde dinero, y que el precio de los contratistas “es muy similar” al de la Caja. Sin embargo, la ley exige que los costos privados sean iguales o inferiores a los de la Caja.
Sin armas. Aún así, la Contraloría determinó que la Caja ni siquiera tiene una metodología que le permita asegurar si las tarifas pagadas al menos son “razonables”.
Un informe de notables, realizado después de los casos de corrupción del 2004, ya había advertido: “Todos los precios pactados en dichos contratos son superiores al costo de consulta externa de todos los hospitales, clínicas y centros de salud de la CCSS”.
Agregó que el método usado por la Caja para definir las tarifas “no refleja la realidad de los costos en que incurre el contratista”.
En el 2003, la Auditoría de la CCSS halló que los costos de las cooperativas eran más altos que los de la empresa Asemeco, y el anterior presidente ejecutivo de la Caja, Alberto Sáenz, recomendó mejorar la determinación de costos.
José Pablo Ross, gerente de Coopesana, comentó que la comparación de la Contraloría no considera que cada área de salud tiene características diferentes (según el tipo de población que debe ser atendida) que inciden en las tarifas. No obstante, la Contraloría indicó que hizo la comparación entre áreas con características similares.
La Nación quiso conocer la posición de los otros contratistas privados, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.
