Los tres intentaron defenderse del ataque de los hampones, pero cayeron fulminados por balas asesinas.
El sábado 24 de octubre, a las 00:30, unos pistoleros mataron de un balazo, en el pómulo izquierdo, a Francisco Queralt Curcó, gerente de ventas de Abonos Agro, cuando trató de evitar el robo de su auto y la agresión a su hija. Ocurrió en Mozotal de Ipís, Goicoechea.
Ese mismo día, a las 3 p. m. León Cortés Pacheco recibió un balazo en la cabeza que le propinaron unos individuos que intentaron robar en su casa en Lomas de Ayarco Norte, en Sánchez de Curridabat. La víctima intentó entrar a la casa por un revólver, pero uno de los hampones le disparó.
El domingo anterior murió Carlos González Cartín, de 70 años, vecino del barrio Corazón de Jesús -de Heredia-, después de permanecer en estado agónico durante dos semanas. Al anciano lo hirió de bala un ladrón que penetró en su casa y a quien González intentó detener.
Se trata de historias cuyos responsables andan libres.
Casi todos los días ocurren hechos similares. A veces, las víctimas mueren; a veces no.
Pero casi en todos los casos, los hampones actúan como fieras amparados en un revólver, una pistola o una ametralladora; primero disparan y luego roban.
Figuras públicas también han sufridos los embates de la violencia:
El 23 de mayo, dos asaltantes armados ingresaron en la casa del empresario José Carlos Arce, en Los Yoses (Montes de Oca), en momentos en que se hallaba ahí, en un almuerzo, el presidente ejecutivo del Banco Central, Eduardo Lizano. Todos fueron encañonados y lanzados al piso.
Los malhechores huyeron con joyas valoradas en ¢1,8 millones.
Esa misma semana, la casa del exministro de Turismo y presidente del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Manuel Chacón, fue visitada por delincuentes que encañonaron no solo a Chacón, sino también a su esposa y el chofer, y se llevaron un millonario lote de joyas. Este caso fue confirmado ayer por la directora del OIJ, Lineth Saborío.
El propio fiscal general de la República, Carlos Arias Núñez, estuvo a punto de caer en manos de desconocidos armados con ametralladoras que colocaron unos estañones en la vía. El hecho ocurrió en ruta a San Vicente de Moravia, cuando el funcionario regresaba de una vela -a altas horas de la noche- y se dirigía a su casa.
Cifras de emergencia
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta julio de 1997 se registraron en San José 6.386 delitos contra la propiedad, mientras que en el mismo período de este año hubo 7.239. Es decir, 853 casos más.
La cifra tiene alarmadas a las autoridades, ya que se trata de alrededor de 1.000 casos por mes, un promedio de 33 casos diarios.
El aumento, aunque leve, también se produce en los homicidios. El año pasado se produjeron 43 y este año 47, la mayoría con armas de fuego. (Véanse gráficos).
"Los fiscales que tenemos no dan abasto", dijo Carlos Arias Núñez quien no dudó en calificar la situación como "una emergencia nacional que debe atacarse así como se ataca el dengue: con un esfuerzo de todos".
Algo parecido le sucede al Ministerio de Seguridad Pública. Según el titular, Juan Rafael Lizano, únicamente disponen en cada turno de ocho horas de 2.000 policías para atender el país de "frontera a frontera y de mar a mar".
Arias expresó que hicieron esfuerzos casi sobrehumanos para atender, la semana pasada, los asesinatos de Queralt, de Cortés y el secuestro de un chino, los cuales ocurrieron el sábado 10 de octubre.
"Nunca habíamos tenido una ola de violencia tan seria", aseveró.
Lamentó que el Ministerio Público no ha podido coordinar acciones con el Ministerio de Seguridad Pública y atribuyó a ello parte de la debilidad en la lucha contra el hampa.
"Ha sido difícil coordinar con el señor Lizano como sí lo hacíamos antes con la exministra Laura Chinchilla", comentó. (Véase recuadro).
Lizano, por su parte, atribuyó el aumento de la violencia a la facilidad con que los fiscales del Ministerio Público dejan en libertad a los detenidos.
Hay "una promoción de la justicia", sostuvo. "Si usted se roba cinco gallinas, no lo meten a la cárcel; si se roba 100 tampoco; para que lo metan a prisión tiene que robarse 1.000".
En su criterio, la justicia debe ser más dura.
Miedo y lentitud
Arias explicó que el esclarecimiento de los casos es bajo porque la ciudadanía está temerosa y los que saben algo sobre cómo ocurrió algún hecho no quieren colaborar, por miedo a ser atacados.
Según el ministro Lizano, la capacidad de reacción ante un hecho violento es lenta pues generalmente las patrullas acuden 20 ó 25 minutos después de que la llamada ingresó al 911.
La recomendación del fiscal Arias es que debe hacerse un plan conjunto de ataque a la delincuencia en el cual participen todas las instituciones del Estado.
Se mostró partidario de dotar de mejores armas y mayores recursos a todos los cuerpos policiales.
Sostuvo que no se puede enfrentar al crimen organizado con policías poco preparados y sin recursos técnicos. Carlos Arias se mostró partidario de fortalecer todas las actividades que tiendan a la profesionalización de la policía.
Lizano añadió que está en conversaciones con el Gobierno de España para lograr una mayor capacitación y mejores equipos para la policía.
En solo 15 minutos
No fue necesario ni esperar mucho ni hacer un gran esfuerzo para encontrar historias dramáticas vividas por ciudadanos, víctimas del hampa. Este fue el resultado de una visita a la sección de denuncias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el viernes 16 de octubre, a las 3:40 p. m.:
Cinco horas amarrado
José Luis Orozco Rojas, guarda de 56 años
"Yo estaba cuidando una casa que están remodelando, en Pozos de Santa Ana; me vinieron a dejar comidita como a las 6:30 de la tarde de ayer (anteayer). Cuando me devolví a cerrar el portón vi a dos hombres.
"Me agarré con uno de ellos y como vio que no podía solo llamó al compañero. Entonces me dieron un chuzazo en el cuello, me amarraron y me quitaron las llaves de la casa. Se llevaron cinco bicicletas, entre esas la mía y una moto (un cuadraciclo), un tele grande y un radio.
"Luego me llevaron a rastras y me dejaron amarrado en una bodega, me pasaban el puñal por el cuello, me majaron los brazos y de una trompada me quebraron los dientes de abajo.También envenenaron un perro.
"A la medianoche, Dios me soltó, porque yo empecé a cortar el mecate con una uña hasta que sentí solo un hilito."
Balazos oficiales
Carlos Fernández Sandí, dueño de carruseles.
"Ibamos por el mercado Borbón, como a las 12:30 o 1 de la mañana (madrugada del viernes) y unos de esos piedreros que hay por ahí se vinieron a pedirnos plata. Como no les dimos empezaron a golpearnos el carro. Mi hijo y mi sobrino se bajaron para que no lo hicieran y luego seguimos.
"Como a 300 metros hacia el norte llegaron unos policías, eran como diez motos, una patrulla y un cajón. Nos sacaron del carro -a su hijo, sobrino y empleado- y luego nos informaron de que nos iban a llevar al tránsito.
"Yo no hice intento de darme a la fuga nunca, pero allá por la estación del Pacífico me adelanté un poco y entonces los policías comenzaron a volar balazos. Nos apearon del pelo. Vea,a este muchacho le pasó una bala por la espalda, ahora lo llevamos a la medicatura".
Clientes peligrosos
Luis Gerardo Navarro Benavides, taxista de 30 años.
"Eran como las tres de la mañana (del viernes).Yo estaba en Ipís y una pareja me solicitó un servicio a El Carmen de Guadalupe. Al llegar ahí me preguntaron cuánto me debían y les dije que ¢1.000.
"El hombre sacó un puñal tipo machete y me lo puso en el cuello. Ella tenía un puñal más pequeño. Yo reaccioné. Mientras forcejeaba con él, ella cortaba el radio de comunicaciones
"Como vio que la cosa se complicaba, la mujer se me tiró y comenzó a morderme la frente y los brazos. Yo me cansé y la mujer me dijo: `Se calma o lo mato'. Se llevaron también el radio de música, una joyas mías y la plata.
"En medio de todo eso yo solo pensaba en mis tres chiquitos y apenas llegué a la casa les di un abrazo, porque estaba vivo"
Al día siguiente, compañeros de Navarro recopilaron informes de la pareja asaltante y detuvieron a los sospechosos en Los Cuadros de Goicoechea, quienes están a las órdenes de las autoridades.