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La paralización del plan para descongestionar el puerto de Caldera, en el Pacífico central, obligará este año al país a “botar al mar” unos ¢5.705 millones ($14,2 millones) que, finalmente, pagarán los consumidores en el precio de los alimentos.
Dicho costo se origina porque los importadores de granos alimenticios deben pagar a las compañías navieras hasta ¢3,6 millones ($9.000) extra por cada día de atraso que un barco pasa, en bahía, sin poder descargar.
En Caldera hay naves que permanecen hasta 15 días en espera. En estos casos, los importadores deben cancelar ¢54 millones de más por un cargamento.
De enero a mayo, los importadores pagaron $5,24 millones por atrasos. De continuar esta tendencia, para fin de año las pérdidas se estiman en $14,25 millones.
Este costo adicional se transfiere al bolsillo de los consumidores, confirmaron Harry Esquivel, secretario de la Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (Cacigra), Luis Ruenes, gerente de Molinos de Costa Rica, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Javier Chaves.
Los ¢5.705 millones que el país perderá alcanzarían para dar una pieza de pan (que en promedio vale ¢100) a cuatro millones de habitantes durante 14 días.
El 36 por ciento de las importaciones marítimas del país entran por Caldera. Más de tres cuartas partes de esos cargamentos son granos como maíz, arroz, trigo, soya y productos asociados al mercado alimenticio, como los fertilizantes.
Por este muelle también se transporta hierro y vehículos, pero en menor cantidad.
El año pasado, según datos del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), de las 2,1 millones de toneladas de carga que arribaron a Caldera, 1,6 millones eran productos que impactan la canasta básica.
Rafael Carrillo, presidente de la Cámara de Industrias, describió la situación del puerto: “La calidad del servicio es pésima, especialmente en el recibo y descarga de buques graneleros. El puerto está constantemente congestionado. Ya no hay embarque que no pague multas millonarias”.
Es más, cuando La Nación contactó en días anteriores al secretario de Cacisa y al ministro Chaves para elaborar este reportaje, ambos relataron que en ese momento estaban cinco barcos en bahía esperando para atracar.
Plan frenado
Las limitaciones de infraestructura y los esquemas laborales del INCOP impiden una rápida atención de los 400 barcos que en promedio llegan al año a Caldera.
Solo los beneficios adicionales de los trabajadores, acordados en la convención colectiva del INCOP, cuestan ¢2.800 millones anuales, aunque el puerto no opera más de 20 horas por día.
Para solucionar este problema, el Gobierno anterior adjudicó tres contratos a dos firmas privadas que ampliarían el puerto y mejorarían el servicio.
Una empresa es el Consorcio Portuario de Caldera (de capital colombiano-costarricense), que ganó un contrato para operar y equipar la actual terminal de carga y otro para construir una terminal de barcos graneleros.
Otra empresa, la chilena SAAM, obtuvo el contrato para operar el servicio de los barcos remolcadores, que ayudan a los buques a atracar en el puerto.
Sin embargo, el proceso también contempla el despido y la indemnización de los 934 trabajadores del puerto por $23.432.000 (¢9.378 millones). Se trata de unos $25.000 en promedio para cada uno (poco más de ¢10 millones).
De los $23,4 millones que demanda la indemnización, $19,1 millones se cancelarán con fondos aportados por las empresas y el resto con dineros públicos.
Los contratos de concesión no se han podido firmar porque $8,2 millones de los aportados por las empresas no pueden utilizarse para pagar a los muelleros por un impedimento legal que la Administración no previó.
Esos $8,2 millones son el pago que debe hacer el Consorcio Portuario de Caldera por la nueva terminal granelera.
Como el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) promovió la licitación del puesto granelero, el dinero lo recibe el Poder Ejecutivo (según la Ley de Concesión de Obra Pública) y llega a la caja única del Estado. Pero de ahí, el dinero no puede salir al INCOP sin una autorización presupuestaria del Congreso.
La solución propuesta por el Gobierno consiste en una aprobación legislativa para tomar $8,2 millones que están en la Ley de Presupuesto Ordinario del 2003 a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y trasladarlos al INCOP con el compromiso de que, cuando entre la plata del concesionario, el Gobierno le restituirá al Conavi el dinero de inmediato.
Sin embargo, esa transferencia fue rechazada por la Comisión de Hacendarios del Congreso el pasado 11 de junio y el ministro Chaves reconoció que no existe un plan “B”. La única salida es que los diputados reconsideren la decisión.
Para ello, el jueves pasado se integró una comisión de cinco diputados que estudiarán un proyecto impulsado por el legislador Carlos Ricardo Benavides (PLN) y apoyado por Miguel Huezo (PUSC), ambos de Puntarenas.
El visto bueno de la ley podría permitir el aval de la transferencia para pagar a los muelleros.
La iniciativa, una ley reguladora de la actividad portuaria, plantea cobrar a los importadores un impuesto de $1 por tonelada que pase por Caldera para destinarlos a obras sociales en Puntarenas y Esparza.
Carlos Arrea, representante del Consorcio Portuario de Caldera, declaró que “esto (el atraso en la modernización) ha sido una falta de previsión del Gobierno.
“Nadie participa en una licitación para verse de repente en la Asamblea Legislativa”, añadió.
Arrea aseveró que las empresas han cumplido con todo lo que les corresponde.
