EscucharTres de las seis personas mencionadas en el informe final sobre la compra de lotes del IMAS descalificaron ayer el citado documento.
Las opiniones fueron vertidas por la diputada oficialista, Lilliana Salas, el secretario general socialcristiano, Jorge Eduardo Sánchez y la expresidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Roxana Víquez.
A Salas quien ayer reiteró que no renunciará a su cargo en el directorio legislativo, se le cita como una de las personas que "informaban" a los beneficiarios sobre el proyecto Calle El Pastoral, en San Ramón de Alajuela.
Según la Contraloría General de la República esos terrenos no son aptos para construir casas. El caso está en manos del Ministerio Público.
El informe del grupo ministerial menciona al notario José María Penabad Bustamante, exesposo de Salas debido a que una escritura para la adquisición de 18 lotes por parte del IMAS en el proyecto El Tucano, en San Carlos, fue confeccionada por dicho profesional en diciembre del 2000.
Salas argumentó que Penabad elaboró la escritura "sin cobrar un cinco".
Recalcó que su exposo ha realizado ese tipo de actividades no solamente en el IMAS sino también en otras instituciones.
Posición de fracciones
Por otra parte, Salas rechazó un pedido de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) para que abandone su cargo como primera secretaria del directorio.
"Aunque Humberto (Arce) me lo pida 700 veces, yo no vine aquí a sentarme para que me linchen; yo vine aquí porque el pueblo me eligió y así me voy a mantener".
El jefe de la fracción socialcristiana, Mario Redondo, dijo que ese grupo le pidió explicaciones a Salas y ella las dio con su abogado.
Por su parte, el líder de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Bernal Jiménez, declaró que no habían estudiado el informe y por eso no solicitarán nada.
El exdiputado y secretario general socialcristiano, Jorge Eduardo Sánchez atribuyó su mención en el documento a la "mala fe" del ministro José Miguel Villalobos.
El informe señala que en una visita a San Isidro del General, cabecera del cantón de Pérez Zeledón, la comisión recibió denuncias de anomalías de un grupo de personas que asistió a una reunión y que ahí se mencionó la supuesta participación del exlegislador para impulsar el proyecto.
Sánchez dijo que su mención evidencia que los ministros ni siquiera fueron al proyecto ni consultaron los expedientes.
Por su parte, la expresidenta del IMAS, Roxana Víquez, rechazó que su actuación fuera negligente como dice el informe.
Aclaró que como presidenta de esa entidad no ejercía supervisión directa sobre la jefe del Área de Titulación Mayra Trejos a quien la comisión atribuye fallas en la adquisición de lotes.
No fue posible obtener la versión de las funcionarios del IMAS, Noemy Araya, gerente de Desarrollo Social; Mayra Trejos, coordinadora del Área de Titulación y a Rosibel Ramos, gerente regional en Pérez Zeledón.
Colaboró Ismael Venegas.
