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Un notario público registró 1.195 metros cuadrados de la entrada al Parque Nacional Manuel Antonio como una concesión de la zona marítimo-terrestre, a favor de David Delgado Cabezas, un comerciante de Quepos.
El terreno se está promocionando en Internet como un futuro centro comercial de dos pisos, que albergaría 55 locales comerciales y cuya inversión ascendería a $1,8 millones (¢937 millones), entre el valor del lote y la construcción.
El notario Griselio Albán Ugalde García inscribió la concesión en el Registro Nacional en mayo del 2005, a pesar de que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) denegó la concesión en el 2000 y de que el terreno es parque nacional desde el 2001.
Para lograr la inscripción, Ugalde García citó ante el Registro un documento del ICT, pero no el documento que la ley exige.
El notario dio fe pública de que en 1970 el ICT declaró como zona de turismo a Playa Espadilla, donde está Manuel Antonio.
Sin embargo, lo que el notario debió hacer constar es que el ICT había aprobado esta concesión en específico, pues la ley ordena que esa entidad apruebe cada concesión caso por caso.
Tal aprobación en este caso no existe pues, según comprobó este medio, el ICT nunca la emitió.
En su lugar, el notario mencionó en su razón notarial el documento sobre Playa Espadilla, el cual tenía 29 años de haberse emitido cuando se firmó el contrato de concesión.
Incluso, ese documento es previo a la fundación del parque nacional, en 1972, y a la creación de la Ley sobre la zona marítimo- terrestre , en 1977.
Ilegítima. Consultado sobre el caso, el director legal del ICT, Francisco Coto Meza, dijo que la concesión “es ilegítima”. Confirmó que en junio del 2000 el ICT denegó la aprobación y advirtió que el contrato estaba “viciado de nulidad”.
“Estamos en presencia de un acto irregular”, afirmó Coto.
La Nación intentó entrevistar por vía telefónica al notario que realizó la inscripción, pero se negó a dar explicaciones y cortó la comunicación en dos ocasiones. No devolvió mensajes que se le dejaron con dos familiares.
El director del Registro Nacional, Dagoberto Sibaja Morales, explicó que para esa institución la fe pública de un notario es “incuestionable” y tiene que aceptarse.
No obstante, señaló que es deber de los registradores que reciben los documentos de los notarios verificar que cada concesión tenga la aprobación expresa del ICT.
El jerarca agregó que sin esa aprobación se debe “inmovilizar” la concesión registrada. A la fecha, esa medida no se ha tomado.
El concesionario David Delgado Cabezas aseguró que él tiene un contrato con la Municipalidad de Aguirre y que, aunque en el 2005 el Estado lo denunció por el supuesto delito de usurpación, en el 2006 fue sobreseído.
También resaltó que cuando firmó el contrato, en 1999, el lote no era parte del parque nacional. Sobre por qué esperó hasta el 2005 para registrar la concesión, se limitó a decir: “Porque no podía antes”.
En abril de 1999, el entonces alcalde de Aguirre, José Joaquín Gómez Garita, firmó un contrato con Delgado, en el que le concesionó el terreno por 20 años, prorrogables por períodos iguales.
La Nación le preguntó al exalcalde por qué no anuló el contrato cuando el ICT lo pidió.
Su explicación fue que para cuando eso ocurrió él había renunció a su puesto. Agregó que la anulación correspondía a su sucesor, Giovanni Acuña Quirós.
No obstante, Acuña Quirós respondió el jueves pasado que él no fue notificado. “Yo personalmente nunca recibí ninguna notificación del ICT. Hasta el momento entiendo que esa concesión está vigente”, afirmó el exfuncionario.
El nuevo alcalde de Aguirre, Oscar Monge Maykall, aseguró que tomará las medidas que procedan, en conjunto con la Procuraduría. “Fui electo para cumplir las leyes y no tengo rabo que me majen”, dijo.
Sorpresa. El 20 de junio del 2005, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) observaron a tres personas que colocaban cercas “dentro de los límites del parque nacional”.
Los funcionarios denunciaron a Delgado Cabezas y dos personas más ante el Ministerio Público, por supuesta “usurpación de bienes de dominio público”.
El Juzgado Penal de Aguirre y Parrita dictó un sobreseimiento definitivo en octubre del año pasado, por considerar que el concesionario actuó bajo la creencia de que su concesión es válida.
La sentencia no hace referencia a que la concesión no fue autorizada por el ICT, ni indica si el concesionario conocía la situación.
En enero, tras el sobreseimiento, Delgado envió una carta a la administración del parque en la que le puso un plazo de ocho días para desocupar el lote.
Actualmente, en ese inmueble se encuentran las vigas de un puente que el Minae construirá para facilitar el paso sobre la quebrada Camaronera. El administrador del parque, Adrián Arce Arias, aseguró que el plan de construir el puente se mantiene en firme.
