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“Estamos agradecidos por la justicia que se hace”. Con esa frase, una de las siete personas que deberán ser indemnizadas por la Universidad de Costa Rica (UCR) al no poder ejercer como ingenieras en Marina Civil, describe su sentir luego de años de frustración, lucha e incertidumbre.
“Ahora estamos a la espera de que así sea y se cumpla. Ahora sigue otro proceso en el que estamos esperando la guía del abogado para ver los resultados de esta sentencia de la Sala”, comentó la joven, a quien llamaremos María para resguardar su identidad.
El 26 de junio, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia condenó a la Universidad de Costa Rica a pagar entre ocho y nueve años de salarios a siete estudiantes que, aunque llevaron todos los cursos de Ingeniería Marina Civil, no pudieron ejercer la carrera que se abrió sin que la UCR tuviera todos los requisitos. Aunque a los estudiantes les ofrecieron doble titulación en España, esto nunca se concretó.
La sentencia de la Sala I resolvió los recursos de Casación que presentaron por separado la UCR y los estudiantes ante la primera resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil, en la que se ordenaba pagar entre 12 y 24 meses de salarios no percibidos. Ahora los magistrados elevaron el tiempo de reconocimiento salarial.
Para María, la indemnización representa un reconocimiento judicial de que hubo un daño y una responsabilidad por parte de la UCR. Considera que esto es importante porque valida lo vivido durante muchos años. Aunque reconoce que "ninguna suma de dinero les devolverá, ni los años perdidos", ni las oportunidades que pudieron llegar.
“En nuestro caso no se trató solo de un perjuicio económico: fueron años de esfuerzo, sacrificio y expectativas. Elegimos una carrera con la ilusión de ejercer una profesión para la que nos preparamos durante cinco años, y eso nunca ocurrió en el momento en que debía ocurrir”, afirma.
“Siento que esta sentencia reivindica nuestra lucha. Durante muchos años sentimos que nadie nos escuchaba. Que un tribunal reconozca que lo que vivimos fue real y que merece ser reparado tiene un valor muy importante. Ojalá este caso sirva para que ninguna otra generación de estudiantes vuelva a pasar por una situación similar“.
— María, estudiante de Marina Civil que debe ser indemninaza por la UCR
“Nos tocó empezar de cero y reinventarnos”
María cuenta que ella empezó la carrera en el 2013 con mucho entusiasmo y expectativa, pues lo más llamativo era que les ofrecían una doble titulación en España, un escenario ideal para quien siempre había querido estudiar en el extranjero y en teoría podría cursar un año en ese país de Europa. “Era algo que se estaba promoviendo con bombos y platillos”, rememora.
La joven, hoy de 31 años, continúa: “Quería estudiar una ingeniería. Tenía la ilusión de ser la primera ingeniera en toda mi mi familia, como soy egresada de un colegio Científico, entonces iba en la línea de lo que venía estudiando en el colegio”.
Entre lo ofrecido por la casa de educación superior estatal estaba poder graduarse y desarrollar su profesión internacionalmente y en altamar. La UCR les garantizaba muchas puertas abiertas, pues, dice, les comentaban que había un mercado en el que los nuevos profesionales eran “muy apetecidos”. A ella le parecía una opción ideal, tomando en cuenta que había jóvenes que estudiaban carreras en las que no les iba tan bien laboralmente.
Sin embargo, todas las promesas se disiparon. Recuerda que cuando les tocaba terminar la carrera y salir a España para realizar las prácticas profesionales, ella y sus compañeros se enteraron que la doble titulación que les prometieron no existía.
“Nos enteramos que no hubo ningún convenio firmado y luego, cuando buscamos una solución para ver qué iba a pasar con nosotros, nos dimos cuenta de que tampoco nos podíamos graduar porque en teoría nos íbamos a graduar con título de España, (...) sin embargo, Costa Rica no era parte”, cuenta.
En ese momento dice que ella y sus compañeros se sintieron en un limbo. Estaban frustrados porque tras años de estudios y de esfuerzos no sabían qué hacer. Menciona los gastos en los que incurrieron las familias, hubo casos en los que incluso se trasladaron a Limón para poder estudiar allí.
Rememora que la UCR les ofreció la opción de pasarse de carrera a varios estudiantes y además una compensación económica: en el 2020, la UCR pagó ¢123 millones en indemnizaciones a 34 estudiantes de la fallida carrera de Ingeniería Marina Civil.
No obstante, María y seis compañeros más querían una solución, su plan era poder terminar la carrera y que se cumpliera el convenio.
“Fueron muchos años de frustración y de pelea. Hicimos hasta huelga, por decirlo así, cerramos la ruta 32, (...) manifestaciones, reuniones y nunca tuvimos soluciones hasta que tomamos la decisión de demandar agotando todas las vías”, narra María.
A su criterio, muchos compañeros también querían respuestas, aunque considera que por temor a represalias otros jóvenes afectados de la carrera de Ingeniería en Marina CIvil no se unieron a la denuncia.
“Nosotros, igual con miedo, lo hicimos (...). Estábamos 100% seguros de que era una demanda que se iba a ganar por toda la injusticia que se hizo, por cómo se promovió la carrera, por todo el tiempo invertido, la frustración y el daño que se causó a los estudiantes y a los familiares”, y reitera el agradecimiento por “la justicia”.
María confía que luego de todos estos años, ella y sus compañeros tuvieron que buscar nuevos caminos. En su caso, intentó sacar otra carrera, pero dice que no tenía las mismas ganas de volver a estudiar, aun cuando fue una joven estudiosa a la que le otorgaban becas académicas.
“Después de eso cuesta mucho volver. Ahorita tengo un emprendimiento. Nos tocó empezar de cero y reinventarnos”.
En el caso de sus compañeros, comenta que algunos igualmente emprendieron y otros empezaron una nueva carrera, aunque afirma que después de tantos años es complicado porque ya no se tiene la misma juventud de cuando ingresaron a la universidad por primera vez.
Más de $1 millón en indemnizaciones
Carlos Lanzas Quesada, abogado de los estudiantes, explicó que los alumnos ingresaron a la UCR en dos grupos, unos en el 2012 y otros en el 2013.
Considerando un plan de estudios de cinco años, los jóvenes debieron graduarse entre el 2017 y el 2018. El abogado agregó que, según un perito, el salario de un ingeniero náutico ronda los €3.000.
“Cuando se recalcule el peritaje conforme lo ordenó la Sala Primera, dolarizando la base salarial y extendiendo el cómputo a todo el periodo que cada estudiante perdió, la condena por chance frustrado, sumada al daño material, al daño moral y a los intereses, proyecta una indemnización que supera $1 millón. La cifra exacta se fijará en la fase de ejecución de sentencia, pero su magnitud ya es histórica”, precisó el defensor.
Tras consulta de La Nación, la UCR se refirió a la resolución de la Sala I y manifiestó su respeto por las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del país.
“Y en consecuencia, como de ordinario corresponde en instancia de casación, procede a acatar la sentencia, en estricto apego al ordenamiento jurídico”, agrega la respuesta.
