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Justo Guillermo Montero Vallejos, de 74 años, lleva seis años esperando que la Dirección Nacional de Pensiones resuelva si él califica para una pensión como excombatiente de los enfrentamientos bélicos de 1955.
Desde el 2000 viaja cada cuatro o cinco meses a la capital, desde barrio Lajas, en Santa Cruz, provincia de Guanacaste, para recibir la misma respuesta: “Su expediente está en trámite, le vamos a dar una nueva cita para...”.
“Yo tengo una pensión del régimen no contributivo de la Caja por ¢35.000 mensuales, pero con eso no me alcanza para vivir. Tengo una chiquita de 16 años en silla de ruedas que mantener”, se quejó don Justo, el pasado viernes, mientras esperaba turno para ser atendido.
Esta vez, le trasladaron la cita para febrero del 2007 y le pidieron que llevara tres testigos, quienes deben certificar qué él participó en la frustrada intentona de Rafael Ángel Calderón Guardia por derrocar al entonces presidente José Figueres Ferrer (1953-1958).
Los enfrentamientos ocurrieron cerca de su hogar, en la casona de Santa Rosa, Liberia. Sin embargo, Montero cree que le costará conseguir amigos de aquella época. “Imagínese, tantos años después dónde encuentro gente”, agregó.
Montero dice que “no es limosna” lo que pide, y que si pudiera, trabajaría para vivir. Sin embargo, a sus 74 años padece diabetes y ya perdió la vista en uno de sus ojos.
Hace un año y por la lentitud en los trámites de pensión, ganó un recurso de amparo en contra de la Dirección de Pensiones, pero todavía no obtiene respuesta.
Según el ministro de Trabajo, Francisco Morales, el caso de este guanacasteco demuestra que la falta de un sistema digitalizado le impide a la Dirección de Pensiones determinar cuáles son los trámites que tienen más tiempo en espera para darles prioridad.
Otros casos. Al igual que Montero, doña María del Rosario Porras Artavia cumple tres años esperando que le trasladen la pensión de Gracia de su esposo fallecido.
Según indicó, los ¢63.000 mensuales que les aprobaron, pero aún no le giran, son necesarios para comprar sus medicamentos.
“Parece que ahora sí me van a pagar, pero sí pido un ajuste del monto ya me dijeron que tengo que esperar por lo menos 14 meses más”, advirtió esta vecina de Desamparados, San José.
Una pensión similar, de ¢52.000, es la que todavía está esperando doña Luz Acuña Ledezma. Ella también perdió a su esposo hace un año, y ahora pretende que le trasladen el monto de la jubilación.
Sin embargo, el trámite de esta señora hace fila junto a otras 12.000 personas más, que aún no ven la luz en la maraña de papeles de la Dirección de Pensiones.
