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Puerto Cortés, Osa. El Concejo de Osa rompió el convenio de cooperación mediante el cual se elaboraba el plan regulador para este cantón puntarenense.
La decisión, adoptada en la sesión N 39-2008 del 1.° de octubre, se fundamentó en el oficio AAA-1047-2008 de la Procuraduría General de la República.
Este señala que la Municipalidad, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo “no deben aprobar o adoptar planes reguladores costeros cuya elaboración haya sido directamente gestionada, contratada y financiada por sujetos privados”.
El convenio de elaboración fue firmado el 21 de junio del 2006 por la Municipalidad de Osa, el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (Produs-UCR) y la Fundación para la Conservación de la Naturaleza (TNC, por sus siglas en inglés).
El plan regulador se encontraba en su etapa de diagnóstico final, listo para ser conocido por el Concejo Municipal. Las propuestas fueron entregadas al Alcalde.
“TNC es una fundación que hace el contrato a Produs para que haga el plan regulador. Desde la óptica legal del procurador esto se viste de ilegal”, señaló el alcalde de Osa, Alberto Cole.
Ricardo Kogel, gerente del Programa de TNC para Osa, señaló que “TNC (por solicitud de la misma Municipalidad) lo que ha hecho es apoyar el convenio de cooperación entre la UCR y la Municipalidad de Osa, en donde la UCR recibe los fondos directamente para ejecutar los planes reguladores”.
El monto de la inversión es de ¢130 millones. El plan regulador de Osa está dividido en dos partes: una costera (¢56 millones) y otra cantonal por ¢74 millones.
“La UCR ha aportado dinero mediante rubros como salarios de los profesionales, transporte, participación en giras y utilización de equipos, entre otros. El aporte de la UCR corresponde, aproximadamente, a un 25% del aporte brindado por TNC”, dijo Kogel.
Disconformidad. Rosendo Pujol, director de Produs-UCR, manifestó que la interpretación que hizo el Concejo Municipal de Osa de la resolución del Procurador no es apropiada, ni es válida en este caso.
“Estamos preparando un criterio para que se aclare lo que ha pasado y lo solicitará la oficina jurídica de la Universidad de Costa Rica”, declaró el director de Produs-UCR.
Ricardo Kogel agregó: “Es importante que la Procuraduría aclare la pertinencia de este acuerdo para que así la UCR y la Municipalidad puedan culminar el proceso”.
El 21 de octubre Etilma Morales, directora del Área de Conservación Osa (Acosa), presentó una apelación contra la decisión municipal.
“Produs, organización ejecutora de los planes reguladores, pertenece a una entidad de Derecho Público como la Universidad de Costa Rica que, por ende, no es una entidad particular”, apunta.
Sostiene que “TNC se ha limitado bajo el citado convenio de cooperación a proveer financiamiento para la obtención de los insumos necesarios y el apoyo logístico que la unidad ejecutora (Produs-UCR) requiere”.
Agrega: “El organismo Procurador (Dictamen C218-2008) permite la intervención de sujetos particulares en el apoyo, gestión y aprovechamiento de recursos” .
Señala que en el dictamen 381-2008, también de la Procuraduría, se reconoció que la zona marítimo-terrestre es un bien del Estado, por lo que los diversos repartos administrativos, entre ellos la UCR, están legitimados para colaborar en la elaboración de los planes reguladores.
Alberto Cole indicó en este sentido que prepara una nueva consulta ante la Procuraduría, más específicamente sobre el aporte que hace TNC.
