La construcción de un relleno sanitario en Turrúcares, Alajuela, mantiene diferencias entre las autoridades municipales y el Gobierno. En medio de la discusión sobre el proyecto promovido por la empresa canadiense EBI, la Municipalidad de Alajuela emitió un documento oficial en el que aclara la situación de los permisos y trámites relacionados con este tipo de instalaciones en el distrito.
Mediante una constancia administrativa fechada el 3 de noviembre del 2026 y dirigida al alcalde alajuelense Roberto Thompson, el gobierno local confirmó que no otorgó licencias constructivas, permisos de construcción ni autorizaciones para movimientos de tierra o excavaciones relacionadas con rellenos sanitarios o plantas procesadoras de residuos en ese distrito.
Además, no existe ningún trámite pendiente de revisión, análisis o aprobación para desarrollar, habilitar o construir un relleno sanitario o botadero de basura en Turrúcares.
El documento fue firmado por Roy Delgado Alpízar, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura de la Municipalidad de Alajuela, a solicitud verbal de la Alcaldía.
La posición municipal surge luego que el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, defendiera el miércoles el proyecto de EBI durante un encuentro con vecinos de Turrúcares.
Según la información divulgada sobre esa reunión, Chaves condicionó una eventual inversión comunal cercana a ¢6.000 millones a que el proyecto pudiera entrar en funcionamiento.
Además, planteó como condición que el Concejo Municipal retirara, antes del 2 de diciembre, un proceso judicial de lesividad relacionado con permisos otorgados anteriormente al proyecto.
Municipalidad recuerda acuerdos contra rellenos sanitarios
La constancia municipal también recopiló antecedentes administrativos y legales que sustentan la posición del gobierno local frente a este tipo de proyectos.
Uno de ellos corresponde a una resolución de la Alcaldía del 30 de mayo del 2016, mediante la cual se declaró la existencia de vicios de nulidad absoluta en cinco certificados de uso de suelo emitidos entre el 2011 y el 2012.
Según el documento, esos certificados fueron considerados lesivos para los intereses municipales y contrarios al interés público. Por esa razón, se ordenó iniciar el procedimiento de nulidad correspondiente.
El gobierno local también recordó un acuerdo municipal del 2 de octubre del 2014, mediante el cual el Concejo dispuso erradicar del cantón central de Alajuela los proyectos de rellenos sanitarios o similares ubicados en zonas de fragilidad ambiental.
Posteriormente, el 9 de julio del 2019, el Concejo Municipal ratificó su oposición al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, mediante el acuerdo MA-SCM-1397-2019.
A estos antecedentes se suma un acuerdo del 28 de junio del 2022, en el cual se declaró lesiva para los intereses públicos y municipales la constancia de uso de suelo MA-PU-U-01609-2012, así como la resolución 545-2021 del Tribunal Contencioso Administrativo.
Municipalidad establece restricciones para otorgar permisos
El documento también señala la existencia de disposiciones internas relacionadas con el control de construcciones en las propiedades involucradas.
Entre ellas figura una directriz del 16 de julio del 2019, que prohíbe emitir visados, segregaciones o permisos sin autorización previa sobre las fincas vinculadas con el proyecto.
Además, una directriz emitida el 12 de agosto del 2026 estableció la verificación obligatoria de observaciones y requisitos de instituciones públicas antes de otorgar licencias mediante el sistema APC-M.
La Municipalidad también indicó que existen observaciones y requerimientos técnicos de distintas instituciones públicas que deben ser atendidos y subsanados por los interesados.
Por otra parte, Juan Carlos Obando, empresario que se presenta como asesor de EBI, ejerció como coordinador de transportes de la campaña electoral de la presidenta Laura Fernández y realizó un aporte económico al Partido Pueblo Soberano (PPSO), según publicó La Nación.
