EscucharSuponga que cada mañana estaciona su automóvil frente a una soda para beberse una taza de café que le cuesta ¢150; mas un día, se percata de que donde usted solía dejar su vehículo pusieron un parquímetro que cuesta ¢120 la hora, por lo que el mismo café le costaría casi el doble del precio. Seguro lo pensaría dos veces antes de detenerse.
Ese fue el argumento que esgrimieron los comerciantes de Moravia centro, en San José, para oponerse a la utilización de 70 parquímetros distribuidos en seis cuadras de los alrededores de la avenida y calle principal del cantón. Este plan que se puso en vigencia el 17, 18 y 19 de marzo de este año, pero fue detenido por la presión de los negociantes ubicados en las cercanías de la zona demarcada.
Con este proyecto la Municipalidad local se proponía dos metas: descongestionar las vías del cantón y recaudar ¢10 millones anuales con las ganancias del servicio de parquímetro bajo tres modalidades, 30 minutos, una hora o tres horas, con un valor de ¢60, ¢120 y ¢360 respectivamente, o con las multas de ¢1.200 por estacionar sin boleta.
Control y dinero
"Moravia es un cantón que en cinco años ha visto crecer su población de 30.000 a 70.000 habitantes", comentó Ureña, al referirse a la necesidad de controlar el tránsito y el uso de sus vías, que, según él, los parquímetros lograron en buena medida durante su corta aplicación. "Cuando pusimos los parquímetros las calles se liberaron visiblemente".
Con respecto al recaudo de los ¢10 millones anuales, Ureña explicó que ese dinero iba a sustituir al que dejaron de recibir tras la aplicación de la nueva ley de bienes inmuebles, que exoneró a los contribuyentes del pago del impuesto por ley de caminos, que era una cuota que representaba para la municipalidad ¢8 millones, los que utilizaban para mantenimiento de vías.
Pese a los propósitos, los comerciantes ven negativamente los parquímetros, pues durante su aplicación, no solo se les redujo su clientela hasta en un 80 por ciento, según dicen, sino que nunca se les tomó en cuenta a la hora de tomar decisiones. "Esto fue una situación totalmente arbitraria", comentó Marvin Retana, quien tiene un negocio de repuestos de automóvil.
Ureña comentó que la Municipalidad creía que los parquímetros serían beneficiosos para los vendedores pues el Ministerio de Obras Públicas Transportes iba a señalar con línea amarilla toda la zona. "No le preguntamos a los vendedores porque en ese momento no existía ninguna cámara organizada, de lo contrario lo hubiéramos hecho".
Por su parte, Oscar Jara, administrador de la panadería Musmanni en Moravia, comentó que los parquímetros afectaron a la clientela frecuente pues se les limitó su espacio; así, prefirieron irse a otros negocios con parqueo. "La mecánica es simple, si los negocios pequeños pierden clientes, pierden también ingresos y eso se traduce en recorte de personal, con el consecuente daño social", explicó.
Otras propuestas
El proyecto se detuvo, pero la necesidad de descongestionar las vías y recaudar fondos para la reparación de las carreteras continuó. Por esta razón, la Municipalidad, en conjunto con la Cámara de Comerciantes de Moravia, buscan nuevas salidas a los problemas.
Por intermediación del cura párroco del cantón, Guillermo Loría, se planea crear un parqueo que se ubica- ría frente a la iglesia de Moravia y que le podría generar a la Municipalidad ingresos de entre ¢5 a ¢10 millones anuales.
Además, por lo menos durante este año, los comerciantes propusieron entregar al gobierno local una cuota voluntaria que podría rondar los ¢7,5 millones anuales con tal de que no se instalen los parquímetros.
Ureña indicó que para el 2000, como una posibilidad para aumentar el recaudo, el municipio pretende aumentar los costos de las patentes y cobrar cuotas por rotulación. Estos objetivos cuentan con el aval de los comerciantes del centro de Moravia, pues según ellos, se estaría aplicando el criterio de la universalidad para los vendedores de todo el cantón.
Queda pendiente, sin embargo, la intención de liberar el tránsito. Para esto, la Municipalidad ha sometido a estudio del MOPT la posibilidad de colocar líneas amarillas, idea a la que los vendedores acuerpan siempre y cuando se establezca alguna regulación para áreas de carga y descarga de sus negocios.
