Costa Rica pagará más de ¢16.000 millones (unos $35 millones al tipo de cambio actual) adicionales por la construcción del tramo central de la carretera a San Carlos, entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada.
Ese monto corresponde al impuesto al valor agregado (IVA) que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá pagar al Ministerio de Hacienda sobre el contrato por $276 millones que se adjudicaría a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
La gerenta de la unidad ejecutora a cargo del proyecto, Ana Yancy Paniagua, confirmó el pago de esa obligación tributaria durante una presentación sobre los avances de las obras realizada el lunes ante el Concejo Municipal de San Carlos.
Paniagua reconoció que el pago se debe a que, al trasladar la operación de financiamiento para la obra al presupuesto nacional, se perdió la exoneración que contemplaba el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que originalmente debía ejecutarse el proyecto.
“Cuando nosotros estamos pasando de presupuesto BID el proyecto, a presupuesto de Gobierno Central, la exoneración la perdimos. Con el BID era exonerado, ahora no es exonerado, a pesar de que hicimos la lucha y tratamos de justificar con base en el artículo 9 de la ley y demás, Hacienda dijo no va exonerado porque no le cubre las políticas del BID. Entonces sí, son $276 millones más el IVA”, explicó Paniagua.
¿Por qué el MOPT cambió el origen del financiamiento?
Los trabajos en el tramo central, al igual que la punta sur de la vía a San Carlos, estaban respaldados por un crédito otorgado por el BID por $225 millones aprobado desde el gobierno de Carlos Alvarado.
En la administración pasada se le sumaron $110 millones que originalmente eran para la ampliación del tramo Barranca y Limonal en la Interamericana Norte. El movimiento dejó un total disponible de $335 millones para ambas secciones.
Sin embargo, para utilizar ese financiamiento, el proceso de licitación debía seguirse bajo las normas de ese organismo internacional, el cual debía avalar la contratación de las empresas seleccionadas para ejecutar cada sección.
En el caso de la punta sur, la obra se adjudicó sin mayores contratiempos a la empresa MECO por un monto de $196 millones y los trabajos iniciaron en mayo del año pasado.
Para completar las obras que quedaron abandonadas hace seis años en el tramo central, la adjudicación recayó a mediados del 2025 en la empresa china CHEC; no obstante, tras meses de espera, la no objeción del banco radicado en Washington, Estados Unidos, no llegó.
Debido a esto, el MOPT consultó a la Contraloría si era posible trasladar la gestión del proceso a la normativa nacional y cubrir las obras con recursos propios.
La Contraloría avaló en junio anterior esa alternativa, aunque fijó algunas condiciones, entre estas contar con los recursos para cubrir el proyecto, así como el visto bueno del organismo multilateral y sustentar mediante un informe técnico-económico que esta vía es más beneficiosa para el erario que reiniciar el concurso.
El pasado 6 de octubre, el ministro de Obras Públicas sostuvo durante la presentación del presupuesto institucional para el 2027, que para el próximo año la cartera dispondrá de ¢52.800 millones adicionales, que se destinarían exclusivamente a la carretera a San Carlos.
Esos fondos corresponderían a los recursos necesarios para hacer frente a las obras del primer año, según los cronogramas y los flujos de desembolsos indicados por la unidad ejecutora.
En esa misma intervención ante los diputados, Zeledón confirmó que el BID no avaló la adjudicación de CHEC, aunque dijo desconocer las razones de esa decisión.
Según la encargada de la unidad ejecutora, la previsión es que las obras inicien en marzo del próximo año y deberían completarse el 27 de diciembre del 2029.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda, las razones por las que dicho proyecto no sería exonerado, a pesar de que los recursos finalmente saldrán del Presupuesto Nacional y regresarán luego a las arcas de Hacienda en forma de tributo.
Además, se les pidió aclarar cuánto habría sido el pago por intereses y comisiones al BID en caso de haber optado por realizar una nueva licitación para mantener la posibilidad de ese financiamiento.
Este medio también consultó al MOPT sobre las razones por las que se optó por el mecanismo de financiamiento propio, y no por la nueva licitación. En ambos casos la respuesta se encuentra en trámite.
Durante la intervención de la unidad ejecutora, el regidor Melvin López, calificó la decisión de Hacienda como “absurda” y aseguraró que esos fondos podían ser incluso destinados a la iluminación de la punta norte.
Punta sur no estaría en plazo previsto
La unidad ejecutora de la carretera a San Carlos advirtió que la punta sur de la carretera, probablemente no estará terminada en abril de 2028, como estaba programado.
Durante su exposición ante el Concejo Municipal, Paniagua confirmó la aplicación de multas por incumplimientos de protocolos socioambientales a la constructora.
El proyecto registra un avance físico del 15%, según los datos presentados en la sesión.
Los trabajos actualmente se concentran en el movimiento de tierras, mientras continúa la construcción de estructuras como el viaducto de Cañuelas.
La unidad ejecutora también reportó prácticamente terminada la remoción de árboles y más de un 60% de avance en limpieza y desmonte.
La gerenta del proyecto además confirmó la existencia de una gestión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por un supuesto daño ocasionado por el movimiento de tierras a un vecino del proyecto.
Según explicó la representante del MOPT, el Contencioso ya rechazó la medida provisionalísima que pedía la suspensión de las obras y actualmente están a la espera de que se les de audiencia para la medida cautelar.
“En principio no hay suficientes elementos legales, no hay un daño realmente demostrado, tampoco hay un peligro en la mora, por eso es que no están dando la medida cautelar provisionalísima, entonces creemos que no va muy allá”, explicó Paniagua.
La unidad ejecutora además indicó que el traslado de la fecha de finalización respondería al reconocimiento de eventos compensables. A modo de ejemplo, mencionó los atrasos por la no disponibilidad de acero en el país.
La punta sur comprende la construcción de 8,2 kilómetros entre Sifón de San Ramón y San Miguel de Naranjo.