Intervenir los predios de las empresas autobuseras que paralicen el servicio de forma "intempestiva" para tomar las unidades y reactivar el servicio de transporte público es una posibilidad que baraja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ante posibles paros.
El 13 de junio, doce rutas josefinas interrumpieron labores en protesta por el nuevo método para el cálculo de tarifas, el cual no reconoce, según los transportistas, gastos de mantenimiento de los buses, el lavado y horas extras de choferes, entre otros.
Ese día, la suspensión de los recorridos obligó a 60.000 personas de comunidades como La Carpio, barrio México, La Uruca y barrio Escalante a buscar otros medios de transporte como microbuses piratas o taxis.
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Por esta razón, el Consejo de Transporte Público (CTP), ente adscrito al MOPT, pidió a su Dirección de Asuntos Jurídicos analizar si el Estado tiene potestad para "entrar a los predios y hacer uso de los equipos que han sido autorizados por el Estado para la prestación de un servicio público".
La solicitud consta en un oficio enviado, el 16 de junio, por Mario Zárate, director ejecutivo del CTP, a los miembros de la Junta Directiva de esa institución. Además, requirió que se traslade la consulta a la Procuraduría General de la República.
"No estamos previendo un paro de transportistas generalizado, pero estamos tomando esta iniciativa como una eventual medida de contingencia ante situaciones que a futuro se podrían presentar con las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? El paro que tuvimos fue una situación que no se había presentado antes y por eso se está valorando esta alternativa y en caso de que se vuelva a presentar (la suspensión del 13 de junio) saber con qué alternativas contamos", explicó Carlos Ávila, asesor legal de la Dirección Ejecutiva del CTP.
El funcionario indicó que la Dirección de Asuntos Jurídicos podría tardar dos meses en emitir un criterio sobre este tema.
La gestión del Consejo despertó preocupación en varias organizaciones de buseros.
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, dijo que las autoridades de transporte deben recordar que el servicio de buses es público, pero los activos que se utilizan para darlo son privados.
La dirigente garantizó que no están planeando un paro nacional de buses, pero no descartó que algunas empresas tomen medidas de presión individuales.
Alfredo Villalobos, asesor de las compañias Guilial S.A. y Biusa S.A., firmas que suspendieron su servicio el 13 de junio, calificó de inviable la idea del Consejo.
"Están en el derecho de hacer las consultas que quieran (...) pero tenemos en el CTP un organismo que representa un retroceso para el sector y no hay políticas públicas para modernizar el transporte público", argumentó Villalobos.
"Se está analizando la posibilidad de hacerlo (entrar a los predios y tomar los buses), si no es posible Asuntos y Jurídicos o la Procuraduría nos lo va a señalar, ellos (los buseros) no tienen por qué preocuparse", agregó Ávila.
Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), comentó que la estrategia de algunas empresas de suspender el servicio de buses para presionar alzas en las tarifas es una "afrenta" y una "manipulación".
Para la legisladora, el Estado sí puede entrar a los planteles de buses y tomar los vehículos autorizados para el servicio, pues, la Ley de Transportes Remunerado de Personas obliga a las empresas a no suspender el servicio.
Además, afirmó que la ley de creación de la Aresep establece que todos los bienes con los que se presta un servicio público son de interés público.
El artículo 18 de esa legislación señala: "los prestatarios no podrán levantar los equipos ni las instalaciones indispensables para brindar el servicio público, sin autorización escrita de la entidad competente".
"Mario Zárate trata de tomar previsiones ante un posible paro de empresas de autobuses, pero en ningún momento he escuchado que se esté preparando este tipo de medidas. La consulta no era necesaria porque ya este país lo resolvió, y se encuentra en la historia del transporte. La Corte Plena, en sentencia firme en 1981, y por las demandas hechas a raíz de una intervención decretada por el M.O.P.T, calificó el acto como un despojo y lo condenó a pagar fuertes indemnizaciones. Hoy tenemos las mismas leyes y la misma Constitución Política", aseveró Luis Diego González, propietario de Discar S.A., empresa a cargo de la ruta conocida como La Periférica.
Renuncia
Este martes, Guilial S.A. renunció a la concesión de las rutas San José – Barrio Escalante – UCR, San José – Barrio México y San José – Barrio La Cruz y dejará de operar esos trayectos a partir del 17 de julio.
La empresa alega, en el escrito de renuncia, que la negativa de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a aprobarles un alza en la tarifa les obliga a dejar la concesión. Añaden que si se les aplica en nuevo modelo tarifario sus pasajes bajarían cerca de un 52%.
El nuevo modelo tarifario, aprobado desde febrero de 2016, exige a los autobuseros revelar los datos reales de la demanda de pasajeros. También deben consignarse la cantidad de ascensos y descensos de personas por vehículo en cada parada y el mismo nivel de detalle cuando se trate de adultos mayores.
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La Defensoría de los Habitantes envió, este miércoles, un documento al CTP en el que exige que se les indique, en un plazo de cinco días hábiles, las medidas que tomarán para conseguir un nuevo operador de esas rutas y mantener la continuidad del servicio con el fin de no perjudicar a los usuarios.
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"Hacemos un llamado al Consejo de Transporte Público para que el servicio de bus no se vea interrumpido por la renuncia de la empresa. Por esa razón, exigimos que a la mayor brevedad posible se busque otra empresa que preste el servicio", comunicó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.