Paso Canoas, frontera sur. Algunos ya se habían enterado por una cuña de radio. A otros los tomó por sorpresa la noticia de que, tras muchos meses de espera, ahora tenían que cancelar ¢12.000 para hacer su sueño realidad.
Esa fue la condición que la urbanizadora privada Triángulo del Norte, contratada por el Estado, le puso ayer a 157 de las 237 familias beneficiarias del proyecto de interés social Villas de Darizara para darles las llaves de sus casas. Los reclamos y las voces de malestar se extendieron en el concurrido salón comunal de Darizara, donde la urbanizadora tenía previsto realizar ayer domingo la entrega formal de las viviendas.
Ricardo Molina, representante de Triángulo del Norte, afirmó una y otra vez que el cobro venía incluido en el contrato del bono de vivienda de los beneficiarios para cubrir el costo de los permisos municipales de construcción.
Molina sostuvo que la empresa había cancelado en un principio dicho monto y que ahora solo estaba recuperando su dinero.
Pero Nury Arias, integrante del comité de vivienda de esta localidad, anunció que solicitará a la Mutual Alajuela y al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) una investigación en torno a este cobro.
Dudas
Las justificaciones dadas por los representantes de la urbanizadora no convencieron a los beneficiarios del proyecto.
Algunos residentes también se quejaron por el hecho de que los enviados de la constructora portaban recibos que no tenían el membrete de la compañía.
Pero ante la determinación de estas personas de no entregar las llaves a quienes no cancelaran los ¢12.000, un total de 102 beneficiarios optaron por pagar.
O sea, se recogieron ¢1,2 millones.
Damaris Mora tuvo que tomar el dinero que tenía apartado para pagar el alquiler de la casa donde vive con sus tres hijos.
A ella le molesta que su vivienda (como el resto de las 237 del proyecto) aún no tenga luz ni agua, pero no quiso correr riesgos. "Sé que es mi casa y así me trasladaré", aseguró.
Otros, como un hombre que viajó cuatro horas con su familia desde San Antonio de Corredores, tuvieron que devolverse por donde vinieron porque no tenían dinero suficiente.
Margot López fue otra de las que no pudo pagar. Ella estaba muy preocupada pues, según relató, no cuenta con esa suma y ya había hecho gestiones para reubicar a sus cuatro hijos en una escuela cercana a la urbanización.
"Mis hijos se van a perder varios días de clases mientras consigo el dinero", se lamentó.