En medio de los reclamos de activistas, exiliados nicaragüenses y excancilleres por la presunta falta de atención a las advertencias y la violación territorial por parte del régimen Ortega-Murillo, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó que los refugiados que se sientan amenazados o crean que su vida está en riesgo deben acudir a la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según explicó, en estas instancias “se coordina la protección a través del sistema judicial costarricense”.
“El modelo de seguridad costarricense se proyecta sobre el 100 por ciento de los pobladores que hay en el país y no hace discriminación entre refugiados y no refugiados”, agregó el jerarca de la cartera —cuya función, por ley, es preservar y mantener la soberanía nacional—, a través de un comunicado emitido por Presidencia el pasado 8 de julio.
Las declaraciones fueron emitidas 19 días después de que el férreo opositor a la dictadura en Nicaragua, Roberto Samcam, fuera asesinado de ocho disparos dentro de su propia vivienda en San Vicente de Moravia, San José.
Hace siete años, en entrevista con La Nación, el propio Samcam advirtió que Daniel Ortega infiltraba agentes en Costa Rica. El opositor sabía que lo acechaban y por eso tomaba medidas de seguridad.
Este medio solicitó a Zamora referirse sobre la posible incursión de células del régimen en Costa Rica. El jerarca respondió, vía correo electrónico, que si bien podría existir la hipótesis de causas políticas provenientes de un tercer estado, será el OIJ el que determine si existen los elementos necesarios para considerar estos hechos como crímenes políticos.
Al día de hoy, Cancillería no se ha pronunciado después del asesinato del exiliado. Otras figuras políticas, incluidos 30 exmandatarios de Iberoamérica, fustigaron el crimen.
La Casa Amarilla indicó que el caso estaba en investigación y aguardaba respuestas. Tampoco se ha referido al tema el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pese a que La Nación solicitó su reacción por correo electrónico desde el 30 de junio.
Preocupa posible violación del territorio nacional
El domingo, Revista Dominical publicó un reportaje sobre el silencio del Poder Ejecutivo tras la muerte de Samcam, así como la preocupación por parte de exiliados y excancilleres ante la operación del régimen en Costa Rica y el atentado contra la soberanía que podría significar.
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La defensora de derechos humanos Azahalea Solís, cuyo nombre figuró en la lista de 94 personas a quienes, el 15 de febrero del 2023, la dictadura les arrebató su nacionalidad, asegura que “no se está valorando la dimensión de lo que este hecho (el asesinato de Samcam) significa y el hecho de que un gobierno de otro país pueda hacer incidencia de carácter criminal en el territorio (...). A la larga implica una situación de descomposición hacia lo interno de Costa Rica, o tal vez hablar de descomposición sea muy fuerte, pero sí de ausencia absoluta de protección”.
A la exguerrillera y opositora nicaragüense Dora María Téllez le sorprende la falta de declaraciones del gobierno. “Me llama mucho la atención el silencio del presidente Chaves. (Samcam) es una personalidad relevante que estaba refugiada en Costa Rica, han concurrido numerosas evidencias de qué puede tratarse y, obviamente, es un problema que toca la seguridad pública del país y la integridad territorial”, afirma.
“Era esperable una reacción del Poder Ejecutivo. La gran pregunta es por qué no se ha pronunciado, por lo menos una expresión de condolencia mínima”, dice.
Por su parte, Enrique Castillo, quien lideró la diplomacia nacional durante el conflicto con Nicaragua por la invasión a isla Calero en el 2010, indicó a este medio que, como excanciller, le llama la atención el silencio del gobierno. “Costa Rica es un país proderechos humanos y, además, porque el asesinato de Samcam revela una falla de seguridad, o más bien, de inseguridad en este país. Si hay células extranjeras operando en Costa Rica, eso lesiona nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, aseguró.
Desde el 2022, la Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos (ANPDH) venía advirtiendo reiteradamente a las autoridades costarricenses de que la dictadura intensificaba su infiltración en el país y que el instrumento clave para lograrlo era Valdrack Jaentschke, un alto jerarca del régimen que realizó labores de inteligencia desde la Dirección General de Seguridad del Estado durante el gobierno sandinista (1979-1990) y dio un salto diplomático durante la dictadura.
En julio del 2022, Jaentschke asumió como “ministro consejero con funciones consulares” en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica.
El abogado especialista en derechos humanos y presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, quien en junio renunció a su condición de asilado político en Costa Rica y abandonó el país tras recibir amenazas directas y asedio por parte de personas desconocidas, remitió cuatro cartas al presidente Rodrigo Chaves, entre octubre del 2022 y noviembre del 2024, para expresarle la preocupación de la comunidad nicaragüense en el exilio y la creciente incidencia del régimen de Ortega en Costa Rica. No recibió respuesta.
A finales del 2023, Leiva llegó a reunirse con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, un representante de su despacho, Alejandro Arce, y el director de Migración, Omer Badilla. Según la minuta remitida por Leiva, discutieron sus preocupaciones y una carta enviada al presidente Chaves el 14 de octubre del 2022.
En ese momento, Leiva se refería a las comunicaciones con el gobierno Alvarado Quesada, así como a la ausencia de oficinas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en fronteras; a la existencia de “uno o varios grupos” que vendían falsificaciones de documentos oficiales costarricenses para ingresar a Nicaragua; las sospechas por el accionar de Jaentschke desde la Embajada; y otras preocupaciones por la integridad territorial de Costa Rica.
La reunión con Zamora se llevó a cabo el 29 de agosto del 2023 y, según Leiva, nunca llegó a nada. La Nación consultó al jerarca de Seguridad sobre su participación en la reunión. Al cierre de esta nota, no se había referido.
Tan solo seis meses después de la misiva, el opositor Joao Maldonado fue atacado a balazos por segunda vez en Costa Rica. La primera ocasión fue en el 2021, cuando estaba dentro de su vehículo en un estacionamiento en Escazú. El segundo ataque ocurrió el 10 de febrero del 2024 en San Pedro, cuando conducía junto a su esposa.
Leiva asegura que los informes que detallan la presencia de Ortega-Murillo en Costa Rica se han puesto siempre a disposición de las autoridades costarricenses, a fin de que se escucharan las preocupaciones de las personas en exilio, de que se investigara, y se evitara que “la soberanía y la seguridad costarricenses se vieran profundamente comprometidas, y que, por lo tanto, la vida de los exiliados nicaragüenses y de otras nacionalidades no estuviera en flagrante peligro”.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha afirmado, con contundencia, que operativos del régimen trabajen ampliamente en Costa Rica.