EscucharLa abogada y administradora Rocío Aguilar Montoya sostiene un pulso con el Gobierno por la forma en que deben calcularse los fondos para la educación pública.
Según la contralora, de 51 años, la administración de Óscar Arias Sánchez incumple el mandato constitucional de girar al menos el 6% del producto interno bruto (PIB) para la educación.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que sí lo hace y, para probarlo, incluye dentro del presupuesto del Ministerio de Educación los ingresos que van a las arcas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Sin embargo, la contralora alega que el INA es una institución técnica con recursos propios, que no está cubierta por el artículo 78 de la Constitución Política.
Ese artículo exige el giro al menos del 6% del PIB para la educación preescolar, general básica, diversificada y superior.
Ayer Aguilar sostuvo que excluyendo los dineros del INA, el Gobierno solo giró en el 2007 el equivalente al 5% del PIB.
Esta es la segunda vez que la Contralora acusa a la administración Arias de incumplir la Constitución. El año pasado presentó una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV por el mismo motivo y que aún no se resuelve.
Aguilar también fungió como secretaria de Concesiones y asumió la Contraloría en el 2004, en lugar del destituido Álex Solís.
