El juzgado penal de San José dictó sobreseimiento definitivo a favor de 23 exdirectivos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) a quienes se atribuyó presunta responsabilidad en el descalabro de la empresa Coovivienda.
La resolución se adoptó por la jueza Ana Patricia Mora Arias en un caso en el cual la Procuraduría General de la República interpuso la denuncia contra los exdirectores entre 1990 y 1998, como presuntos implicados en los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Los beneficiados son Francisco Anglada Soler, Roberto Gazel González, Marco López Rosales, Cristóbal Zawadski, Carlos Monge Rodríguez, Ramón Ramírez Cañas, Allan Saborío Soto, Rafael Araya Marín, Ofelia Taitelbaum, Armando Ramos Carballo y Farid Ayales.
Además, Rebeca Grynspan, Jorge Carballo Wedell, Rodolfo Herrera Jiménez, Erick Thompson, Carlos Muñoz Vega, Roberto Zamora Guardia, Édgar Arroyo Cordero, Ingrid Hermann, Rodolfo González Blanco, Marvin Taylor Dormod, José Luis Araya Alpízar y Álvaro Saborío Ruiz.
Caso en breve
La acción judicial se planteó porque, presuntamente, los imputados no establecieron un fondo de garantía para conjurar la quiebra de Coovivienda, en 1998, pese a la obligación legal de crearlo.
La ausencia de ese fondo incrementó la carga económica del BANHVI en unos ¢22.000 millones pues la entidad asumió obligaciones de la cooperativa, como inmuebles y gran cantidad de créditos morosos e incobrables.
Según la jueza Mora, los hechos indagados podrían configurar el delito de incumplimiento de deberes pues los funcionarios tenían la obligación legal de acatar lo dispuesto en los preceptos legales, omisión que podría ser dolosa porque no se puede alegar desconocimiento. Sin embargo, la acción penal estaba prescrita.
Sobre el peculado, se determinó que los acusados no distrajeron dinero o bienes de la institución.
Con este sobreseimiento ya son tres los asuntos ligados a Coovivienda resueltos a favor de los implicados. Antes también se había desestimado la causa principal que incluyó la ejecución de 20 proyectos habitacionales, y otro proceso relacionado con una fundación que impulsó la construcción de casas de bambú.
Según el Ministerio Público, todavía quedan pendientes del caso de Coovivienda las pesquisas sobre 14 planes habitacionales, así como la investigación por quiebra fraudulenta del banco Federado y un aporte económico del Fedebank (el banco offshore del Federado).