EscucharNo son más que 30 unidades, pero han bastado para que la Dirección de Tránsito tenga en sus estadísticas un reporte de 90 sanciones a vehículos contratados para transportar estudiantes en lo que va del curso lectivo.
Es decir, en promedio, cada unidad ha incurrido tres veces en alguna falta.
Para el subdirector de Tránsito, Juan Manuel Delgado, y para el director de Concesiones de Transporte Público, Álvaro Bustamante, el problema es que las sanciones son muy leves.
Actualmente las multas son de ¢26.000 y, además, se retiran las placas.
"Si, por ejemplo, a una persona le retiran las placas a las 7 a. m., va a la alcaldía, cancela los ¢26.000 y al final de la tarde es muy posible que de nuevo tenga sus placas. Falta mano dura en el asunto y estamos como jugando al gato y al ratón", comentó Delgado.
Bustamante agregó que existen fallos judiciales que entorpecen el trabajo. "Las sanciones son muy débiles, pero hay fallos de la Sala Constitucional que las respaldan. Lo que se requiere es de una reforma a la Ley de tránsito", sostuvo.
Las infracciones de estas unidades se dan porque los microbuses trasladan alumnos sin tener el aval necesario, pues sus solicitudes están en trámite en el departamento de Concesiones de Transporte Público.
"El atraso se debe a que a los solicitantes les ha faltado algún documento por entregar, pero esperemos que tengan sus permisos en unas semanas", señaló Bustamante.
En este momento hay entre 900 y 1.000 unidades autorizadas para transportar estudiantes.
Sin embargo, según estimaciones de la Asociación Nacional de Transporte de Estudiantes, actualmente son cerca de 3.000 los buses que prestan servicio a estudiantes, es decir, unos 2.000 lo hacen sin permiso.
Bustamante y Delgado aceptaron que son muchos los microbuses que circulan sin el aval, pero añadieron que es muy difícil controlarlos pues no están rotulados.
Este tipo de transporte es contratado generalmente por asociaciones de padres de familia.
Con el MEP
Otro problema viven quienes prestan servicios de autobús mediante convenios con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y transitan en las zonas rurales.
Ellos afrontan una situación financiera difícil, según denunciaron.
De acuerdo con lo que explicó su representante, Orlando Arroyo, el MEP les adeuda todos los pagos de este año, aproximadamente ¢1.900 millones.
"Somos cerca de 350 empresarios que transportamos a unos 50.000 estudiantes. Por ahora no se ha tomado ninguna medida de presión; el lunes se le enviará una carta a la ministra de Educación, Ástrid Físchel", señaló Arroyo.
La jerarca de la cartera de Educación reconoció que existen problemas y agregó que tratarán de pagar lo adeudado antes de que se reinicien las clases.
