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El departamento de Ciencias Forenses ya no formará parte del OIJ, decidió ayer la Corte Plena, como parte del proceso de reformas al Poder Judicial.
Esa dependencia incluye la medicatura forense y los laboratorios como el de ADN, ubicados en San Joaquín de Flores, Heredia.
Es allí donde se realizan los peritajes o estudios especializados para determinar, por ejemplo, la causa de muerte de una persona, hacer evaluaciones psquiátricas y psicológicas a víctimas o imputados, así como valorar las lesiones laborales, cuando son de interés para algún despacho judicial.
El cambio debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
De esta forma, el complejo de Ciencias Forenses se convertiría en otro órgano del Poder Judicial, como lo son la Defensa Pública, el Ministerio Público (órgano acusador) y el propio Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Uno de los criterios más importantes que se esbozaron fue garantizar la transparencia y objetividad de los peritajes.
Por lo menos, este el fue el argumento de la jefa de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, para apoyar la separación. “Es bueno para los ciudadanos que los peritos no estén impregnados de una ideología policial”, dijo.
En ese sentido, el magistrado José Manuel Arroyo explicó que es seguro de que en este momento que la Policía no influye en los peritajes. No obstante, agregó, no se puede descartar que en el futuro venga un jerarca que lo intente.
Para el director del OIJ, Jorge Rojas, la medida debilitará el trabajo de la Policía y burocratizará la realización de exámenes.
A la Asamblea
La modificación, sin embargo, necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa.
De lograrlo, se le restará al presupuesto del OIJ lo que corresponde a Ciencias Forenses para asignarlo directamente.
Ayer, los magistrados desaprobaron la fusión del OIJ con el Ministerio Público, que era otro de los temas que fueron discutidos en los talleres de reforma.
“Ya el Ministerio Público tiene la dirección funcional de las investigaciones, pero hacer un solo órgano sería crear un todopoderoso”, manifestó Jorge Rojas.
Lo que sí se aprobó en la sesión anterior de la Corte Plena fue sacar del Poder Judicial a la Dirección Nacional de Notariado, organismo que habilita y ejerce el régimen disciplinario de los cerca de 8.000 notarios en el país.
“Este órgano no tiene relación directa con el Poder Judicial. No es por financiamiento, sino porque (...) no corresponde que esté aquí”, explicó el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora.
