EscucharAl final de un estrecho puente natural flanqueado por dos precipicios, más de 28.000 personas se apretujan en 62 hectáreas, rodeadas por los cañones de los ríos Virilla y Torres, bajo cables de electricidad de alta tensión y al lado del depósito de basura de San José, que recibe 700 toneladas diarias de desechos.
Viven resignados al tránsito de vagonetas, camiones basureros malolientes y avionetas de vuelo rasante, desorganizados y acosados por pandillas armadas.
A pesar de todas sus carencias, la ciudadela La Carpio, en el distrito Uruca, no es una comunidad al borde de la sublevación, ni un antro de delincuentes y tampoco un gueto nicaragüense.
El pasado lunes 31 de mayo, el país se sorprendió por la trifulca entre guardias civiles, pandilleros y vecinos. Hubo ocho heridos de bala, seis de ellos policías, otros 14 lesionados por pedradas y 102 afectados por gases lacrimógenos.
Sin embargo, La Carpio no es una amenaza de disturbios, porque la dirigencia comunal descarta más protestas y los vecinos desaprueban nuevos movimientos, aunque seguirán presionando al Gobierno en forma pacífica.
No es un refugio de delincuentes, porque el problema de criminalidad se limita a cerca de un centenar de jóvenes agrupados en cinco barras, sin oportunidades de educación y trabajo, conocidos por los vecinos y todavía desorganizados, según la policía e instituciones públicas en la zona.
No es un gueto nicaragüense, o comunidad marginal aislada, porque el 58% de los habitantes son ticos, están integrados con los nicaragüenses y todos mantienen fuertes vínculos con el resto de la sociedad, de acuerdo con analistas policiales e investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Problema joven
Lo que sí necesita la comunidad es una cuidadosa atención del Estado, para que la ciudadela prospere, para evitar que la frustración de las promesas incumplidas se transforme en más zafarranchos y para que las desordenadas barras no se conviertan en bandas criminales organizadas.
Líderes comunales e investigadores de FLACSO coinciden en que el principal problema de la comunidad no es la migración nicaragüense, sino la falta de oportunidades de la población joven. Sin opciones educativas y recreativas, los adolescentes llenan sus necesidades de reconocimiento social y pertenencia a un grupo al participar en pandillas.
El 60 por ciento de las 4.150 familias que allí habitan son pobres –tres veces más que en el resto del país–, y de ellas el 13 por ciento vive en pobreza extrema.
Pero no se puede afirmar que estén en el abandono. El Estado ha dado electricidad, agua, teléfonos, servicios médicos, escuela, recolección de basura, policía.
La Carpio surgió hace 12 años como precario. Hoy tiene vida y economía propias. Hay fritangas callejeras y pooles , supermercados y cantinas clandestinas, pulperías, peluquerías y ferreterías, una iglesia católica y más de 20 protestantes, pero nadie tiene un papel que lo declare dueño del lote donde vive, trabaja o reza.
Diálogo sí, violencia no
La protesta pacífica convocada el 31 de mayo por la Asociación de Desarrollo Integral de Finca La Caja (Adifica) como originalmente se llamada el lugar, fue aprovechada por barras de delincuentes juveniles para crear caos.
Las demandas por el incumplimiento de promesas estatales se mantienen, pero ni los dirigentes comunales ni los vecinos desean convocar más manifestaciones.
Rocío Corrales es la nueva presidenta de Adifica desde la semana pasada. Ella y sus compañeros criticaron, por imprudente, esa protesta. Todos son ticos.
La principal petición es la titulación de los lotes, o por lo menos de aquellos que cumplan los requisitos, además de la construcción de calles.
También piden que la empresa procesadora de basura, EBI, cumpla la promesa de entregar a la comunidad ¢1,5 millones mensuales, ya sea en efectivo o en obras.
EBI aseguró que ya ha entregado ¢45 millones en obras y está dispuesta a seguir colaborando. Adifica anuncia que mantendrá la presión, pero sin protestas.
“Mientras el Gobierno nos escuche vamos a tratar de no hacer nuevas huelgas”, advirtió ella.
En el último rincón de La Carpio, al final del caserío conocido como La Cueva del Sapo y en el fondo del cañón del río Torres, Agustín Granja tiene en un rancho una pequeña pulpería que surte a unas 40 familias.
Es un nicaragüense de 41 años, con 12 años de vivir en Costa Rica y ocho hijos, tres nacidos aquí.
“Yo dije que era mejor no hacer la manifestación. Nosotros somos de entender y queremos dialogar. No pedimos que nos regalen nada. Podemos pagar por un pedacito que esté a nuestro nombre”.
Incluso, dijo que él y sus vecinos estarían dispuestos a ser reubicados, porque saben que donde viven es peligroso, pero después de una negociación. “Eso sí, si nos vienen a sacar por la fuerza la gente se va a defender”.
