El Juzgado Primero Civil de San José ordenó suspender la importación de ocho modelos de vehículos marca Nissan.
Así consta en una nota enviada el 2 de mayo por el juez Óscar Cruz Conejo a la Dirección General de Aduanas.
La medida se dio dentro de un proceso ordinario que estableció la empresa Lachner & Sáenz (L&S) contra las casas extranjeras Nissan Motor Co Limited, Nissan Mexicana S.A de C.V, y las costarricenses Agencia Datsun S. A. y Corporación D S. A., al que se le dio curso en enero de 1998.
La Nación trató de tener la versión de las firmas locales afectadas, pero no fue posible.
La resolución fue notificada el 9 de mayo y las partes cuentan con tres días hábiles para apelarla, dijo Alfredo Bolaños, curador de L&S.
Según confirmó el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, esta suspensión de importaciones se dio luego de que las casas extranjeras, supuestamente, no depositaran una garantía de $750.000 (¢228,7 millones), para asegurar el proceso, como lo establece la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras.
La resolución limita la importación a los vehículos nuevos Nissan Pulsar, Laurel Altima, Miller, Atlas, Maxima, Bluebird, Prairie y montacargas.
"Lo que se busca es que ellos rindan las garantías. Esto no afecta ni beneficia a Nissan, lo que hace es garantizar el resultado del proceso", expresó ayer Alfredo Bolaños.
La fuente que confirmó la noticia en el Poder Judicial dijo que L&S reclama $5,5 millones (¢1.677 millones) de indemnización, por un supuesto rompimiento de contrato.