25 febrero, 2006
 Mario Carazo fue diputado por el PUSC de 1994 a 1998. Luego ocupó la vicepresidencia de Transparencia Internacional. | ARCHIVO
Mario Carazo fue diputado por el PUSC de 1994 a 1998. Luego ocupó la vicepresidencia de Transparencia Internacional. | ARCHIVO

Un impedimento para salir del país fue dictado contra Mario Carazo Zeledón, exdiputado del PUSC y exvicepresidente en el país de la organización Transparencia Internacional.

La medida fue acogida el miércoles por el Juzgado Penal de San José a solicitud de una alemana de apellido Schneider, quien planteó una querella contra el exlegislador y otras cuatro personas.

La actora les atribuye supuestos delitos de administración fraudulenta, falsedad ideológica y uso de documento falso.

El impedimento de salida también pesa sobre los otros denunciados de apellidos Álvarez, Montero, Lizano y González.

Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Fraudes la semana anterior, sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que los hechos apenas se estudian.

Por esa razón es que los denunciados no han sido indagados ni la Fiscalía ha pedido medida cautelar en su contra. El impedimento de salida lo solicitó Schneider.

El reclamo. Los hechos que Schneider denunció se relacionan con propiedades que pertenecieron a su esposo, fallecido en el 2004, y que estaban a nombre de una sociedad anónima aquí.

Según la mujer, Carazo se aprovechó de la condición de notario y representante de esa sociedad para apropiarse, junto con los otros implicados, de las fincas valoradas en miles de dólares. Luego dispusieron de una de ellas.

Según datos del Registro Público, la sociedad anónima en cuestión la integran actualmente Carazo, Lizano, Montero, Álvarez y González.

Ayer el exdiputado se abstuvo de referirse al caso al considerar que se trata de un asunto "de la esfera privada de las personas" .

De acuerdo con el Código Penal, se incurre en el delito de administración fraudulenta cuando la persona que tiene a su cargo la administración de bienes ajenos perjudica al propietario al emplearlos abusiva o indebidamente, alterar las cuentas o las operaciones. Se castiga con hasta 13 años de prisión.