EscucharLa ejecución de al menos dos directrices fue el detonante de la debacle financiera que sufrió Coovivienda, entidad perteneciente al también colapsado grupo Fedecrédito, aseguraron ayer seis de sus exdirectores.
La versión la dieron ante la comisión legislativa que indaga los problemas en el sector cooperativo los exdirectores Minor Sandoval, Jorge Jiménez, Luis Lacayo, Ana Isabel Solano, José Eduardo Alvarado y Célimo Montero.
Sobre las directrices, relataron que la primera fue una resolución emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y otra del Poder Ejecutivo, que restringieron la inversión de fondos públicos en dicha cooperativa.
La crisis del grupo Fedecrédito se conoció el 2 de setiembre de 1998 cuando la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) intervino el Banco Federado, otra de sus subsidiarias. Tres semanas antes ya había sospechas sobre malos manejos en Coovivienda, la cual fue intervenida en enero de 1999.
Ayer, el presidente de la comisión investigadora, el diputado Orlando Báez, anunció que pedirán apoyo del Poder Judicial para ubicar al exgerente de Fedecrédito, José Mario Vargas Alvarado, quien está acusado por el Ministerio Público como uno de los supuestos responsables por pérdidas superiores a los ¢1.150 millones que sufrió ese grupo financiero.
A Vargas la comisión lo ha tratado de ubicar, pero hasta el momento ha sido imposible, por lo que, según Báez, lo harán llegar a comparecer, si es necesario con ayuda policial.
Cerraron la llave
Según detalló el exdirector Alvarado, al inicio de la administración Rodríguez el Poder Ejecutivo limitó las inversiones de fondos de entidades públicas en Coovivienda.
Según explicó, esa decisión fue producto del temor por las irregularidades sucedidas con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
"Al cerrarse la llave de las inversiones en Coovivienda, pues obviamente toda la estructura financiera de la organización comenzó a derrumbarse", expresó Alvarado.
Su compañero Minor Sandoval presentó también ante los diputados un comunicado de la Bolsa Nacional de Valores, emitido el 12 de diciembre de 1997.
En él se señalaba que los títulos de instituciones como Coovivienda y las mutuales se consideran como títulos del sector privado "y que según la Ley del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda , esas entidades no están incluidas en la lista de entes públicos dedicados al financiamiento de la vivienda", detalló Sandoval.
Detalló que esa resolución le quito la potestad a las instituciones públicas, autónomas o semiautónomas de colocar la totalidad de sus inversiones en títulos de Coovivienda, la principal organización del sector que captaba fondos por medio de la Bolsa.
Los directores explicaron que eso provocó que de los ¢16.000 millones que la entidad captó en 1998, tuvo que bajar a ¢3.200 millones, "y ahí comienza la crisis del grupo Fedecrédito", dijo Sandoval.
