EscucharEl ministro de Justicia, José Miguel Villalobos, aseguró que está totalmente opuesto a que se reduzca el monto máximo de la penas, de 50 a 35 años, como lo propone la Corte Suprema de Justicia en el proyecto de reforma al Código Penal.
Consideró que incluso en estos momentos es más importante discutir la aplicación de penas alternativas para ciertos delitos. Enfatizó que este nuevo sistema no se podrá adaptar para casos de violencia sexual, homicidio u otro tipo de agresión corporal o contra la propiedad.
En criterio de Villalobos, la sanción alternativa podría encajar en situaciones como estafas, en las cuales el responsable de cometer el delito evitará cumplir la sanción en cárcel sí paga el proceso y retribuye económicamente el daño, pero, además, cumple con una labor comunal.
Insistió que es importante revisar cuáles delitos deberían ser castigados con prisión, porque de seguir poniendo penas de cárcel a todos los hechos, pronto el país tendrá más guardias penitenciarios que maestros.
Asimismo, resaltó: "La sociedad requiere protección. Nada hace la policía deteniendo a la persona si el Código Penal da beneficios al delincuente, quien después de ser condenado, de una vez goza de un favor carcelario. Eso produce una sensación de que el estado de derecho no funciona".
Criterio favorable
Entre tanto, un grupo de privados de libertad del Centro Institucional La Reforma, en Alajuela, consideraron que mantener la pena de prisión en 50 años es una práctica de cadena perpetua. En opinión de los reos, 25 años son más que suficientes para lograr la rehabilitación.
Sin embargo, según los internos Luis Gustavo Barboza Gómez, Francisco Boza, Orlando Solano Arroyo y Willie Ruiz Zúñiga, entre otros, el sistema penitenciario nacional es errático y más bien propicia la reincidencia pues hay una carencia absoluta de tratamiento psicosocial y psicoterapéutico que facilite la recuperación de la persona.
Para los privados de libertad la pena se debe reducir de 50 años a 25 años, pero que los beneficios se otorguen a presos que en realidad trabajen o estudien, porque según ellos, ahora, se considera un trabajo limpiar los servicios sanitarios o el dormitorio.
El proyecto de reforma integral al Código Penal se viene gestando desde 1994, pero no fue sino hasta el lunes anterior que la Corte Plena lo aprobó para mandarlo a la Asamblea Legislativa. El plan promueve una serie de cambios en la política criminal, pero uno de los puntos más relevantes es reducir la pena máxima de 50 años a 35 años de prisión.
Empero, elimina la posibilidad de reducir el año carcelario a ocho meses, luego que se ha descontado la mitad de la pena, como rige en la actualidad.
