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Un ajuste en el presupuesto para el 2010 es la condición del Ministerio de Justicia para acoger la Dirección Nacional de Notariado.
Esa oficina fiscaliza la labor de 8.000 notarios y autoriza a nuevos profesionales.
Desde su creación, en 1998, estuvo adscrita al Poder Judicial, pero la Sala Constitucional la dejó fuera mediante un fallo del 2006.
Esa sentencia también le ordenó a los diputados buscarle un techo a la Dirección en un plazo de tres años, que vence en pocas semanas.
Ante la presión del tiempo, diputados y notarios decidieron respaldar un proyecto que está avanzado en la Asamblea Legislativa.
Ese plan, del diputado José Manuel Echandi, propone trasladar la oficina a Justicia como un órgano de máxima desconcentración.
“Nosotros no tenemos recursos para poner la Dirección a funcionar. Si la decisión es que se traslade porque es lo más oportuno, la recibimos en el entendido de que necesitamos recursos”, declaró ayer Fernando Ferraro, viceministro de Justicia.
Los fondos requeridos son para proporcionarle un edificio, equipos de trabajo y plazas, lo que hasta ahora le daba el Poder Judicial.
Esos temas son los que todavía debe resolver una subcomisión que trabaja el proyecto de ley.
De acuerdo con la diputada Hilda González, quien dirige ese grupo de trabajo, se hacen consultas con Hacienda para agregar los recursos al presupuesto de Justicia.
Se estima que podrían ser alrededor de ¢500 millones pues la Dirección Nacional de Notariado recibe ¢500 millones más provenientes del timbre del Colegio de Abogados.
El otro aspecto pendiente es si la Dirección estará integrada por un consejo rector o junta directiva que se elija a partir de ternas.
