EscucharEl derecho que tienen los ciudadanos de conocer el uso de fondos públicos y el desempeño de funcionarios del Estado legitiman a la prensa a investigar, buscar información y publicarla.
Ese interés público debe prevalecer incluso sobre otros derechos fundamentales como son el derecho a la intimidad o al honor, siempre y cuando no se incurra en abusos, se divulguen datos falsos o exista intención de ofender.
Los delitos contra el honor deben despenalizarse y abordarse por la vía civil.
Solo bajo ese marco jurídico es que pueden ejercitarse efectivamente la libertad de prensa y el acceso a la información, garantías que no son exclusivas de los periodistas sino de todos los ciudadanos.
Hacia ese dirección desembocaron las exposiciones tanto de juristas como de magistrados y comunicadores que participaron ayer en la Conferencia Judicial sobre Libertad de Prensa en Costa Rica, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Esta forma parte de una serie de jornadas de reflexión sobre las labores de los medios de comunicación y de la administración de justicia en el continente.
Se trata, además, de un reconocimiento de que la justicia y la prensa son los sostenes de un régimen democrático, según destacó el presidente de la Comisión de Chapultepec y director de la La Nación , Eduardo Ulibarri.
Durante la actividad se conoció sobre casos particulares de países de la región como Argentina, nación que en los últimos años ha tenido avances importantes en el tema. nota aparte.
Leyes desactualizadas
Para el magistrado Daniel González, uno de los obstáculos que urge superar es el rezago de la legislación costarricense en relación con los principios que señalan las convenciones internacionales y la Carta Magna.
Recordó el caso de la Ley de Imprenta (1902), pues en 1992 varios artículos fueron declarados inconstitucionales.
Por su parte, los abogados Henry Issa y Juan Marco Rivero destacaron la importancia de despenalizar los delitos contra el honor y que se resuelvan por la vía civil.
“Yo abogaría por la despenalización de los delitos (contra el honor) y que se resuelvan por la vía civil”, afirmó Rivero.
Poco antes destacó que todos los elementos para tipificar y demostrar el delito deben recaer sobre quien acusa y no al contrario.
“Urge que hagamos las reformas necesarias para que el periodista no tenga que echarse a cuestas la carga de la prueba siendo el acusado”, insistió Armando Gonzáles, jefe de redacción de La Nación.
El diputado y periodista Humberto Arce dijo que es en foros abiertos donde se logrará avanzar en legislación de prensa.
Reconoció que la comisión que analiza este tema en el Congreso –de la cual forma parte– tiene en sus manos en este momento “un texto neutro y regresivo” que esperan mejorar.
