En agosto de este año, la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá otorgó a la empresa Las Arandas S.A. un proyecto de vivienda en Liberia, Guanacaste, para construir 162 casas con un costo de ¢421 millones.
El precio incluyó ¢56 millones pagados a la compañía por la compra del terreno, de su propiedad.
Las Arandas S.A. es una constructora fundada en abril del 2000, representada por empleados de Margarita Martínez Kienzeen, esposa del presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Gerardo Álvarez.
Álvarez reconoció, ante consulta de La Nación, sus vínculos con Las Arandas y aseguró que se retiró antes de asumir el cargo actual.
Dijo que, en todo caso, los proyectos en que participa Las Arandas se construyen en terrenos que no son del INVU.
Francisco Vargas, presidente a. í. de la Fundación Costa Rica-Canadá, señaló que la escogencia fue una decisión administrativa de la gerente en ese entonces, Sara Jiménez, quien renunció al cargo hace tres semanas. No fue posible localizar a la exfuncionaria.
El ministro de Vivienda, Dónald Monroe, quien forma parte de la junta directiva de esta Fundación, dijo que desconocía los vínculos de Álvarez con Las Arandas y que, en caso de que los haya, la responsabilidad es de la Fundación.
Mientras tanto, un hijo de Monroe Frank Alexánder Monroe Chaverri presta servicios profesionales en las empresas del nicaragüense Carol Prado, a las cuales se ha asignado el 50 por ciento de los proyectos de erradicación de tugurios.
Se trata de las compañías Triángulo del Norte y Construcciones Modulares, las cuales han levantado durante esta administración 5.578 casas, como se informó ayer en este diario.
Monroe admitió que su hijo labora con Prado.
Explicó que ello se debe a que realiza la práctica profesional en arquitectura en una de sus empresas, pero no especificó en cuál.
Sostuvo que esa relación no influye en la asignación de contratos a favor de las empresas de Prado, con quien dijo haberse reunido en varias ocasiones.
La Nación tiene en su poder la copia de una carta en la que Monroe medió, en 1999, ante la Mutual Alajuela para que esta entidad le otorgara un préstamo puente a Triángulo del Norte para la compra de un terreno en Golfito, donde tiempo después se construyeron 200 viviendas por un valor de ¢435 millones.
Monroe admitió ante periodistas de este diario que firmó la carta. "Si está firmada por mí, tengo que ser yo", declaró. (Vea nota aparte).
Los vínculos
Aunque Gerardo Álvarez no figura registralmente como socio de Las Arandas, las personas que desempeñan cargos en esta empresa son empleadas de su esposa, Margarita Martínez.
El presidente de la compañía es un oficinista llamado Alfonso Elías Uribe Herrera.
El jerarca del INVU añadió que él vendió las acciones a Uribe. Sin embargo, en la historia de la sociedad no figura Álvarez como socio, según una certificación del Registro Público de la Propiedad.
La Nación trató de localizar a Uribe en un teléfono suyo en Coronado, pero nadie contestó.
Uribe es empleado de la firma Mantenimiento Comercial de Toldos y Edificios, cuyo presidente es Álvaro Álvarez Herrera, hermano del presidente del INVU.
Como secretaria de esta compañía figura la esposa de Gerardo Álvarez.
Abelino Sibaja, un contador privado que aparece como fiscal de Las Arandas S.A., dijo por teléfono que no tiene nada que ver con la constructora y no sabía que esté ocupando un cargo en ese grupo.
Agregó que él trabaja en la firma Eurotoldos S. A., cuya presidenta es Margarita Martínez, y en la que Gerardo Álvarez es tesorero.
Drama en Golfito
A principios de 1999, la urbanizadora Río Nuevo, de la que era gerente Gerardo Álvarez en ese momento, vendió 234 lotes a varios vecinos de Río Nuevo de Golfito.
Álvarez renunció a la compañía el 25 de febrero del 2000, una semana antes de asumir la presidencia del INVU.
Las 234 casas fueron edificadas por la Constructora Nuevo Hogar, en la que Alfonso Uribe, el mismo que preside Las Arandas, figura como presidente.
Para la construcción de las casas el INVU otorgó a la urbanizadora bonos que oscilaban entre ¢1 millón y ¢1,6 millones.
Según los vecinos, las viviendas se construyeron con malos materiales y hay problemas con las alcantarillas, pues cuando llueve las calles y los solares se inundan.
Yariela Loáiciga, una de las afectadas, afirmó que en su casa el agua se filtra por las paredes cuando llueve y el piso está reventado.
Similar testimonio dieron Mayra Solano y Viviana Zumbado.
Aparte del proyecto en Las Brisas en Liberia, Las Arandas tiene asignados otros.
En Bagaces construye 47 casas por un valor de ¢73,4 millones.
También maneja el proyecto Tiribí, en Desamparados, San José, de 42 viviendas, por ¢44 millones, estos dos últimos ejecutados con fondos del INVU.
Colaboró Freddy Parrales, corresponsal.