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Un abogado del Bufete Calderón y la esposa de un socio de ese despacho participaron, desde bandos opuestos, en un cuestionado litigio que costó ¢642 millones al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
En el 2002, AyA fue obligado a pagar esa suma a la empresa italiana Cantieri Construzioni Cemento, contratada para obras de reconstrucción de los sistemas de agua y alcantarillado en el cantón central de Limón, dañados tras el terremoto de 1991.
El pago se dio luego de un arbitraje en el que los responsables de defender los intereses de la institución lo hicieron con debilidad y negligencia, según un informe de la auditoría interna.
Desde antes de iniciarse el arbitraje, la subgerente de AyA, Ligia Céspedes, integraba una sociedad anónima junto al abogado de Cantieri, Luis Salas Ross y al árbitro designado por esa empresa, Luis Fernando Bolaños Vargas.
Así lo comprobó, con documentos del Registro Público, una investigación de La Nación realizada en el último mes.
Los tres tienen un vínculo en común a través del Bufete Calderón y Asociados. Céspedes es esposa de Gerardo Bolaños Alpízar, socio de ese bufete, quien actualmente cumple prisión preventiva por su participación en el escándalo CCSS-Fischel.
Durante el arbitraje, Luis Fernando Bolaños Vargas trabajaba en el Bufete Calderón y después de ese proceso, Luis Salas Ross también se integró a esa oficina.
El bufete Calderón y Asociados cerró en setiembre pasado tras conocerse que su principal socio, Rafael Ángel Calderón, recibió $520.000 de Corporación Fischel.
Además, Céspedes, Bolaños Vargas y Salas, integran desde 1993 la firma Aideca S. A. La primera funge como secretaria, el segundo es fiscal y Salas Ross es agente residente. El notario que conformó Aideca fue Gerardo Bolaños Alpízar.
La investigación de este diario reveló, también, que entre diciembre de 1999 y enero del 2000, el monto reclamado por la firma Cantieri pasó de ¢127,8 millones a ¢1.522 millones.
En ese momento, el entonces gobernante, Miguel Ángel Rodríguez, destituyó al presidente ejecutivo de AyA, Jorge Carballo Wedell.
Según Carballo y el exdirectivo de AyA, Edgardo Acosta, el despido se originó en la decisión de la junta directiva de nombrar a un gerente con alta formación técnica, sin vínculos políticos.
Carballo comentó que en enero del 2000, el presidente Rodríguez le dijo haber recibido un llamado del exmandatario Calderón reclamándole no haber nombrado en la gerencia general a Céspedes.
Carballo asegura que ese fue el motivo de su destitución.
Según el exdirectivo Acosta, entre los directivos existía la creencia de que se utilizaba la vía del arbitraje para realizar un despojo económico a AyA.
El exdirectivo señaló: “No queríamos un gerente general impuesto por Casa Presidencial, sino alguien con sólida formación técnica, para evitar la influencia politiquera y las manipulaciones”.
En ambos lados
Los integrantes de la sociedad Aideca participaron desde ambos lados del litigio entre Cantieri y el AyA, unos con la responsabilidad de velar por los intereses del Estado y otros por los intereses de la firma italiana.
En 1998, cuando era subgerente, Céspedes revocó un informe técnico del AyA que rechazaba el reclamo de Cantieri por ¢127,4 millones, e invitó a la firma italiana a que decidiera si invocaría el arbitraje para resolver la disputa.
Cantieri invocó el arbitraje, elevó su reclamo a ¢1.522 millones, nombró como su abogado a Salas Ross y designó como su árbitro a Bolaños Vargas, abogado del Bufete Calderón.
En una consulta de este diario, Céspedes alegó que no tomó decisiones importantes en relación al arbitraje con Cantieri y aseguró no recordar que integraba la empresa Aideca junto a Bolaños Vargas y Salas Ross.
Ella negó haber ejercido cualquier tipo de influencia o presión sobre Calderón para que él solicitara la destitución de Carballo.
Bolaños Vargas y Salas Ross dijeron a La Nación que tampoco recordaban haber integrado Aideca. Según Céspedes, la firma nunca tuvo actividades comerciales.
Demanda se multiplicó
El reclamo de Cantieri al AyA pasó de ¢127,8 millones a ¢1.522 millones y fue presentado a los árbitros el 10 de diciembre de 1999.
Sin embargo, el monto reclamado no fue notificado a la junta directiva, según lo afirman Jorge Carballo y Edgardo Acosta.
Para Carballo, destituido de la presidencia del AyA el 15 de enero del 2000, es inexplicable que la institución no cuestionara el aumento en la cifra.
El apoderado de Cantieri en Costa Rica, Antonio Gallo, explicó que inicialmente reclamaron ¢127.8 millones, “con el espíritu de una conciliación bondadosa”.
Según Gallo ante la negativa del AyA, la firma afinó sus cálculos, hasta los ¢1.522 millones que figuran en la demanda arbitral.
Cantieri Construzione ganó en 1996 la licitación privada 4-96 para reconstruir el alcantarillado de Limón, dañado en el terremoto.
El costo original de la obra era de ¢1.541,8 millones, pero el proyecto se atrasó 21 meses y el valor ascendió a ¢2.319 millones, que fueron pagados a la empresa.
A pesar de eso, Gallo alega que la empresa incurrió en otros gastos “debido a los errores en el diseño original de AyA”.
Cuando Cantieri invocó el arbitraje, Céspedes nombró como árbitro del AyA al director jurídico de la institución, Rafael Ángel Alvarado Morales, contraviniendo la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, pues él tenía vínculos con una de las partes.
Entre Bolaños y Alvarado eligieron a Víctor Hugo Paniagua Hidalgo como tercer árbitro, pero él renunció y en su lugar nombraron a Gerardo González Morera.
En la sentencia del arbitraje, Alvarado salvó su voto.
En el 2002, un informe de la auditoría estableció que Cantieri y el AyA se toleraron mutuamente incumplimientos y negligencias que incidieron en el resultado final de la disputa.
Sin embargo, la Sala I de la Corte Suprema de Justicia avaló la decisión del tribunal arbitral y Aya terminó pagando los ¢642 millones a la empresa italiana.
