EscucharUnas 250 personas que soñaban con tener vivienda digna, viven ahora bajo un techo incierto pues podrían ser las víctimas de una supuesta estafa con lotes que está siendo investigada por el Ministerio Público.
Parte de los posibles afectados son familias que gestionaron el bono de vivienda para comprar un terreno y construir su hogar en la urbanización María Agüero, en Batán, distrito del cantón de Matina, en Limón.
Pero el dinero para terminar sus casitas no les ha llegado y muchos han tenido que levantar ranchos para vivir allí.
Otro grupo sí recibió el bono y los créditos para construir sus casas en distintas zonas del cantón de Sarapiquí; empero se sospecha que los títulos de propiedad de los lotes podrían tener algún tipo de irregularidad.
Bajo investigación
La investigación por esta supuesta estafa se tramita en el Ministerio Público bajo el expediente número 00-000506-647-PE.
Así lo confirmó, a pedido de La Nación, el fiscal auxiliar de delitos económicos, Juan Carlos Cubillo, en carta certificada el pasado 17 de abril por el administrador del Ministerio Público, David Brown.
Luego, el 25 de abril, Brown certificó que en la causa figuran unas 250 personas en calidad de supuestos ofendidos. "Cantidad que puede aumentar o disminuir conforme avance la investigación", reza el documento.
La fiscalía también certificó que en esta causa se investiga a tres personas por los supuestos delitos de estafa, uso de documento falso y falsedad ideológica.
Uno de ellos es el abogado Gilberto Villalobos Zamora, quien cobró notoriedad pública tras lograr que su primo y cliente, el exdiputado Leonel Villalobos, fuera excarcelado el pasado 6 de marzo después de purgar una condena por narcotráfico.
Villalobos dijo conocer la investigación, pero aseguró que no hubo irregularidad en cómo se procedió.
También es investigada María Agüero Cordero, vecina de Batán, Matina, quien vendió a Villalobos una finca para que iniciara el desarrollo habitacional que ahora lleva el nombre de la mujer.
Agüero descartó cualquier relación con el asunto. "Nunca le he quitado nada a nadie", afirmó.
El último indagado es un habitante del proyecto, Miguel Ángel Flores, quien aseguró no tener relación alguna con Villalobos.
Los tres admitieron que cumplieron una medida de prisión preventiva. No obstante, en su contra no pesa ninguna acusación formal porque el caso se encuentra apenas en la fase de investigación preparatoria.
El caso Batán
En 1996, María Agüero Cordero ofreció al abogado Gilberto Villalobos Zamora venderle una finca para desarrollar un proyecto de vivienda.
Esa propiedad fue dividida en 240 lotes que familias de escasos recursos comprarían con bonos de la vivienda gestionados por medio de Viviendacoop.
Hoy, muchos lotes de ese proyecto están vacíos. Pero en otros aún permanecen familias que aseguran que no les ha llegado el dinero del bono para construir su casita y que, por lo tanto, decidieron instalarse en ranchos.
"No me dieron el bono porque nunca he tocado un cinco. Por medio de la intervención de Viviendacoop clasificamos para el bono. Pagamos ¢25.000 para el trámite legal ante Viviendacoop", dice Hannia Martínez, una de las supuestas afectadas.
Ella encabeza un comité de posibles víctimas de la urbanización que se formó por indicación del Ministerio Público.
"A mí me dicen que me quedan ¢600.000 (del bono). Yo estoy esperanzada que me den el dinero. Lo que queremos es que se nos dé el resto de la vivienda", reclamó Martínez.
Dónald Murillo, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), señaló que parte de esos bonos sí se giraron, pero no descarta que puedan ser parte de las supuestas irregularidades detectadas en Viviendacoop y que llevó a su intervención en 1999.
El proyecto, en este momento, está paralizado. Según Gilberto Villalobos, a él Viviendacoop le habría pagado lo que le correspondía por la venta de unos 200 lotes, pero aseveró que nunca tocó un solo centavo del resto de los dineros.
El alcalde de Matina, Óscar Bonilla, también mostró su pesar por la situación de estas familias. "Desconozco el proceso y me duele que se haya engañado a la gente de mi cantón. Se les acredita un bono y solamente les queda un terreno. La gente ha tenido que hacer tugurios", se quejó.
También Sarapiquí
El otro caso que se está investigando tiene que ver con presuntas anomalías en documentos registrales.
La fiscalía indaga cómo y por qué los títulos de propiedad de varios terrenos distribuidos en el cantón de Sarapiquí, Heredia, al parecer coinciden con lotes segregados a una finca en Guácimo, Limón, según fuentes judiciales cercanas a la investigación.
Esta última propiedad pertenece a una sociedad llamada Anita Rey, de la que Gilberto Villalobos fue nombrado presidente en 1990 y agente residente en 1993, según consta en el Registro Público de la Propiedad.
Supuestamente, sin conocer esta situación, un número no precisado de pobladores de Sarapiquí habría gestionado, con esos títulos, un bono de vivienda o un préstamo para construir su casa.
Los trámites fueron hechos por la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá y una cooperativa de Sarapiquí llamada Coopetraín.
Leda Murillo, gerente de la Fundación, sostuvo que la entidad confirmó ante el Registro Público que los beneficiarios tuvieran en orden sus respectivos títulos de propiedad.
Afirmó que todo el dinero que se giró (¢141 millones) sí fue utilizado para construir las casas.
No obstante, en 1999 la fundación se enteró de que el Ministerio Público seguía una investigación contra Gilberto Villalobos por supuestas anomalías registrales con propiedades.
Murillo comentó que algunos de los terrenos afectados podrían formar parte de los proyectos de Coopetraín. Esa cooperativa tramitó, en total, 104 soluciones de vivienda con la fundación.
Pero la funcionaria estimó que no todas las operaciones podrían estar afectadas. De hecho, la fiscalía solo decomisó unos 35 expedientes de los proyectos de la fundación con Coopetraín.
No obstante, Murillo reconoció que si los títulos presentados fueron irregulares, la Fundación tendría problemas para cobrar hipotecas y los beneficiarios podrían, eventualmente, verse despojados de sus propiedades.
