EscucharEl Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga un aparente fraude en el cementerio Obrero, de San José, con el dinero que los propietarios de bóvedas pagan a la administración del panteón.
La Policía investiga qué pasó con los pagos para el mantenimiento de tumbas, construcción y reparación de bóvedas, así como alquileres y venta de fosas.
Las pesquisas surgen ante una denuncia interpuesta por Róger Flores, expresidente de la Junta Administrativa del cementerio Obrero, ante la Unidad Especializada de Fraudes del OIJ.
Al asumir sus funciones, el 13 de abril, Flores encontró que la Junta debía ¢12 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¢300.000 al Banco Popular y ¢500.000 a la Municipalidad de San José.
María Lourdes Cuadra, abogada de Flores, encontró posteriormente que los reportes de ingresos que entregaba la secretaria que atendía al público, de apellido García, no coincidían con los recibos de los usuarios.
Por ejemplo, la secretaria entregó al extesorero Mario Meléndez cinco reportes diarios entre el 22 de mayo y el 28 de julio que sumaban ¢286.300.
Después, varios propietarios de tumbas mostraron comprobantes de pagos (por diversos servicios del cementerio) que sumaban ¢1,3 millones en los mismos días.
Un ejemplo: el 21 de julio la secretaria entregó al tesorero un reporte por solo ¢43.000 y el respectivo efectivo. El mismo día, una mujer de apellido Mora pagó ¢500.000 por la compra de una bóveda.
¿Venta indebida de tumbas?
La abogada también denunció la venta de al menos 30 nichos sin el debido proceso judicial.
Uno de los casos es el de Ligia Campos Jiménez, quien en mayo supo que la Junta había vendido su fosa, aunque ella pagó por última vez el mantenimiento, en mayo del 2001.
La secretaria alegó que el pago de parte del mantenimiento no le acredita ningún derecho a la persona, pues 20 años después del último entierro la administración puede incautar el nicho si está en abandono.
Según García, la bóveda de Campos tenía 36 años sin utilizar.
Sin embargo, Cuadra señaló que la ley lo que establece es que después de los 20 años la Junta puede solicitar que se le adjudique el nicho por la vía judicial.
Además, los restos que estén en la bóveda deben colocarse en cajas especiales con el nombre del difunto. Documentos en poder de La Nación indican que la Junta dejó restos en el osario general.
Dos “bandos”
Las denuncias en el cementerio Obrero, donde hay cerca de 13.000 propietarios de bóvedas, llegaron hasta la división de la Junta en “dos bandos”.
Uno es el denunciante, integrado por el expresidente, el extesorero y el exvicepresidente, destituidos el 18 de octubre.
El otro está integrado por una nueva Junta que respalda a la secretaria y a su hermano de apellido García, también denunciado pues fue directivo varios años antes del 30 de marzo.
El fiscal de este bando, Rodrigo Salazar, presentó el 30 de agosto un informe que denunciaba actuaciones del otro grupo, pero sus acusaciones fueron desestimadas por una junta de notables.
La Nación pidió a este último “bando” papeles que sustentasen sus denuncias, pero no los suministró. Adujo que el abogado les aconsejó no dar información.
