EscucharLos invasores de la Reserva Biológica Indio Maíz, en Nicaragua, se han instalado desde hace tres años a la orilla del río San Juan, y solo la frontera ha podido frenar que construyan casas en territorio costarricense. A diario cruzan “con facilidad” a Costa Rica para realizar minería ilegal, ganadería, despale y tráfico de animales silvestre.
Esto fue documentado por el medio de comunicación Divergentes en un reportaje titulado: “La invasión de Indio Maíz ya cruza el río San Juan”. En este artículo se detalla cómo los nicaragüenses, que se han instalado en la reserva ecológica, cruzan por Chorreras, Boca de San Carlos y Sarapiquí, “con el aval del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
En Chorreras, por ejemplo, los coligalleros nicaragüenses que van hacia Crucitas pagan menos de $1 ( ¢415,27) para cruzar en cayucos de remo desde el territorio nicaragüense. El trayecto dura menos de ocho minutos para ir de un país a otro.
Viceministro confirma llegada de coligalleros ‘con facilidad’
Esta dinámica en la frontera norte también fue confirmada por el viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública, Eric Lacayo.
El funcionario explicó que, pese a que la presencia de coligalleros nicaragüenses no es nueva en Crucitas, se ha detectado movimiento de estos “con mayor facilidad” a través de Chorreras.
El presidente Rodrigo Chaves y miembros del oficialismo, como la diputada Pilar Cisneros, han denunciado, con un enfoque más económico que ambiental, que los nicaragüenses “se están llevando el oro” de Crucitas.
De hecho, la fracción oficialista impulsa un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (AL) que permitiría la minería a cielo abierto en Crucitas, aunque la Contraloría advirtió que puede ser inconstitucional.
“Los costarricenses estamos regalando el oro que vale $4.000 la onza, para que Nicaragua aumente sus exportaciones. Ya están exportando más de $2.000 millones por año. Es el oro nuestro y nos están dejando aquí toda la contaminación”, afirmó Cisneros a inicios de mayo.
Incremento en la actividad minera
Desde el 2017, la actividad minera en Crucitas se ha incrementado, con algunos picos de intensidad, aseguró el viceministro.
“Actualmente se vive una constante lucha contra las personas que extraen el material minero. Tenemos nuestra presencia policial: todos los días detenemos gente, les quitamos herramientas, les quitamos tómbolas, que son artefactos que se utilizan para ir trabajando el material minero”, dijo Lacayo.
Sin embargo, debido a la extensión de la frontera, el viceministro reconoció que “es difícil controlar” toda la actividad que se desarrolla. “No hay capacidad”.
“Lo que hay es información, inteligencia, actividades estratégicas, tenemos el uso de algunas tecnologías en el sector fronterizo, que nos permiten, de alguna manera, centralizar el trabajo donde tenemos los mayores impactos o donde están las mayores facilidades para la extracción y el tráfico de personas”, añadió.
Invasión desde hace tres años
El biólogo Amaru Ruiz, director de la oenegé ambientalista Fundación del Río, ha documentado este asentamiento de invasores en la ribera del río San Juan. De acuerdo con sus investigaciones, asegura que este movimiento ha ocurrido en los últimos tres años.
Los testimonios recopilados por Divergentes coinciden con las investigaciones de la Fundación del Río: la reserva Indio Maíz se encuentra saturada de invasores y ha sido desmembrada en parcelas, donde se han instalado pueblos enteros. Entonces, ahora el cordón fronterizo es el territorio con mayor “disponibilidad” para levantar los caseríos que lucen banderas rojinegras, símbolo sandinista, partido de Ortega y Murillo.
“El régimen Ortega-Murillo ha permitido la invasión y el saqueo ambiental a tal escala, que los mineros artesanales (conocidos en Nicaragua como güiriseros) ahora cruzan el río para buscar oro en Crucitas, porque allá hay mucha competencia”, se consignó en el artículo.
Hace solo unas semanas, el Gobierno nicaragüense aprobó la llamada “Ley de Áreas de Conservación Ambiental y de Desarrollo Sostenible”, una normativa que privilegia el “desarrollo económico” —la minería, la tala y la ganadería—, por encima de la conservación ambiental y los derechos de las comunidades originarias.
Como estos asentamientos fronterizos no tienen servicios básicos y carecen de infraestructura educativa o sanitaria, entonces la mayoría de estas personas cruzan hacia territorio costarricense para ser atendidos en las escuelas y en los hospitales.
En los últimos tres años, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó un promedio de 2.500 nicaragüenses, no asegurados, atendidos por año en el cordón fronterizo. La mayoría son adultos, pero también menores de edad, incluso bebés que han recibido atención en consulta externa, urgencias y hospitalización.
El Ministerio de Educación de Costa Rica también registró un incremento significativo en el número de estudiantes nicaragüenses matriculados en secundaria entre el 2023 y el 2024, especialmente en cantones fronterizos como Los Chiles (de 209 a 440), La Fortuna (de 97 a 298), Puerto Viejo (de 254 a 450) y Pital (de 208 a 390),
“En otras palabras, mientras el régimen nicaragüense institucionaliza la ocupación ilegal de Indio Maíz, el Estado costarricense vacuna, escolariza y brinda atención a los invasores y sus hijos”, resume el reportaje.
Posible escondite de narcotraficantes
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el narcotraficante Alejandro Arias Monge, ‘Diablo’, se puede esconder en la reserva Indio Maíz para evadir los operativos de la policía.
El viceministro Eric Lacayo no descartó esta hipótesis. “Por la dinámica de las fronteras, indudablemente, y el tránsito de drogas hacia el norte, es muy probable que haya algunas rutas que utilicen para esconderse”, concluyó Lacayo.
