Cada oficial de tránsito disponible en la región Brunca, que abarca Pérez Zeledón, el corredor 8 (Interamericana sur), Río Claro y Palmar Norte es responsable de vigilar casi 900 km de carreteras, según consta en un informe de Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, elaborado el mes anterior.
Ese documento precisó que esa región comprende 8.059,9 kilómetros de carretera: 6.924,5 de rutas cantonales y 1.135,9 de rutas nacionales y para atenderla, cada delegación cuenta, en promedio, con 17 funcionarios entre los que se incluyen patrulleros, oficiales de guardia, delegados y subdelegados. En total, la zona dispone de 76 oficiales de tránsito, distribuidos entre las sedes mencionadas, la dirección regional y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Los requerimientos mínimos para cada turno establecido consisten en un oficial, de guardia, dos patrulleros motorizados y una jefatura; sin embargo, la cantidad de efectivos disponibles se reduce porque hay funcionarios incapacitados por periodos largos, algunos tienen hasta 26 días de vacaciones acumuladas por año, otros enfrentan suspensiones o deben acudir a procesos judiciales como testigos.
Todo lo anterior evidencia que los recursos asignados “son insuficientes”, pues la carga que tiene cada oficial, considerando el terreno y la disponibilidad de personal, corresponde en promedio a un área de 895,5 kilómetros de vías, indica la Auditoría.
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“Esta situación se acrecienta al considerar que ninguna de las delegaciones cuenta con personal administrativo, seguridad, ni limpieza, aspectos que recaen sobre los policías de tránsito y demanda tiempo de servicio en esas actividades que no son propiamente policiales”, añade el documento DAG-I-06-2024 1.
El informe también destaca deficiencias en la infraestructura de las sedes de la región, que incluyen problemas de accesibilidad, sistemas hidráulicos y sanitarios, seguridad y mantenimiento. Estas deficiencias aumentan el riesgo de enfermedades, accidentes e inundaciones, además de afectar la imagen de las delegaciones.
La situación vehicular es igualmente crítica. El 55% de la flota está en desuso o varada, y la documentación y registro de equipos es “deficiente”. “Se identificaron equipos excluidos de los controles de forma injustificada y contraria a la normativa atinente, lo que genera un riesgo de pérdida o despiece de equipos, producto de los debilitados controles que posee cada delegación en cuanto al control de inventario”, cita el documento.
Además, se observan debilidades en la planificación y programación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
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Las carencias de personal e infraestructura en la Policía de Tránsito han sido señaladas anteriormente tanto por la Auditoría como por las autoridades del MOPT.
A finales del año pasado, se contaba con 665 oficiales para cubrir los tres turnos en todas las rutas del país. Según el director de Tránsito, Oswaldo Miranda, esta cifra es insuficiente para responder a la creciente demanda por accidentes y para realizar labores de prevención y regulación en vías colapsadas, estimándose la necesidad de al menos 1.000 oficiales operativos.
A principios de junio, tras una protesta de un grupo de oficiales por las malas condiciones laborales, el mal estado de los vehículos y la falta de indumentaria, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, se comprometió a atender las demandas de los oficiales de manera gradual y a reunirse mensualmente para continuar analizando las necesidades operativas.