Condiciones deplorables aquejan a por lo menos nueve delegaciones regionales de la Policía de Tránsito; sobre algunas de estas pesan órdenes sanitarias del Ministerio de Salud y hasta sentencias de la Sala Constitucional que no han sido cumplidas a plenitud.
Malos olores, paredes y techos que se caen, cables expuestos y extintores vencidos, son solo algunas de las observaciones realizadas por la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en nueve oficios de advertencia girados a jefes regionales y jerarcas de la entidad.
Se trata de las delegaciones de Río Claro, Palmar Norte, Pérez Zeledón, Jacó, Orotina, Puntarenas, San Ramón, Esparza y Sarchí. No obstante, según el secretario de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa), Joselito Ureña, hay otras que se encuentran en peor estado pero que posiblemente aún no han sido inspeccionadas.
Los oficios de advertencia, girados entre julio y noviembre de este año, señalan riesgos de operación en la mayoría de los casos, es decir, el cierre de instalaciones, lo que afectaría el servicio que se brinda a la ciudadanía. Asimismo, señalan multas por incumplimientos de leyes como la 7.600 ( condiciones para personas con discapacidad), además de riesgos para la salud de los funcionarios por deterioros en la infraestructura y malas condiciones de higiene y ambientales a las que están expuestos.
Este medio solicitó el lunes anterior en horas de la tarde, conversar con el director de Tránsito, Osvaldo Miranda, para conocer las acciones que tomarán a fin de atender las advertencias de la Auditoría, pero al momento de publicación de esta nota aún no se había recibido respuestas.
Los problemas
Uno de las situaciones más graves se registra en la sede de Orotina, donde según la Auditoría del MOPT, los funcionarios les indicaron que la ventilación del tanque séptico se encuentra dentro de una oficina donde se mantienen oficiales trabajando, quienes además deben permanecer a puerta cerrada debido al aire acondicionado.
“Se exponen a sufrir dolor abdominal, náuseas y dificultad para respirar debido al contacto con los gases (dióxido de carbono o el amonio), el cual se expulsa por la tubería de ventilación”, describe el documento DAG-Adv-2023-0953.
En esa misma sede, dice el reporte, las instalaciones no se encuentran “dentro de las condiciones normales de limpieza e higiene”, lo que también atenta contra la salud de los funcionarios.
Al igual que en otras sedes, que también funcionan como depósitos de vehículos, la auditoría llama la atención por el riesgo de generar criaderos de dengue, serpientes o roedores que podrían afectar a funcionarios y a usuarios.
En la delegación de Pérez Zeledón, el informe de advertencia DAG-Adv.-2023-1722, girado el 17 de noviembre anterior, señala que esta sede no cuenta con permiso de funcionamiento ya que según indican los funcionarios, el edificio pasó a ser del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y los permisos de funcionamiento se están tramitando directamente con ellos.
Además, al igual que otras oficinas no tienen un servicio de limpieza y los trabajadores se quejaron de problemas con malos olores, los cuales en apariencia provienen del tanque séptico y alcanzan incluso la zona del comedor. Los auditores observaron huecos en las paredes y el único extintor que hay en la sede está vencido desde agosto.
En la delegación de Río Claro, el panorama es similar: las instalaciones no cuentan con red de alcantarillado sanitario, tienen tanque séptico, el cual según los mismos funcionarios han debido terminar ellos mismos ya que la Dirección de Edificaciones Nacionales no ha llegado a concluirlo.
Los servicios sanitarios no cuentan con los requerimientos para personas con discapacidad, hay fugas de agua y líneas eléctricas saliendo del techo.
“Se debe manipular los cables (unir con las manos para poder generar la electricidad y se encienda la luz), con el riesgo de sufrir algún tipo accidente”, agrega el oficio.
Las canoas están dañadas, faltan láminas de cielorraso, la pintura está deteriorada y evidencia hongos en las paredes y no hay una puerta de seguridad en el área donde está instalada la caja fuerte en la que se guardan las armas.
Esta sede cuenta con dos órdenes sanitarias emitidas en 2019 y 2020, sin embargo, según detalla la advertencia, durante la visita realizada el 18 de agosto de este año se observó que los aspectos señalados por el Ministerio de Salud, se mantienen sin ser atendidos.
Derecho de vía e inundación
A unos 60 km de ahí, en Palmar Norte, el panorama es similar, baños que no cumplen con la ley 7600, sin servicios de limpieza, problemas en canoas, pintura, extintores vencidos y seguridad perimetral insuficiente.
Además, esta sede tampoco tiene permiso de funcionamiento, pues la delegación se encuentra dentro del derecho de vía de la carretera Interamericana Sur, por lo que no se puede gestionar dicho permiso.
En San Ramón, la lista incluye las mismas deficiencias, pero además de los problemas de higiene, los funcionarios aseguran que ellos mismos han tenido que pagar la limpieza del tanque séptico cuando se ha requerido.
Mientras, en Sarchí, además de tener que trabajar en un espacio confinado y con problemas de limpieza, se observó que se cuenta con un cilindro de gas sin válvula de seguridad.
En Esparza, nuevamente, se hace referencia a los problemas de criaderos debido a que opera un plantel de vehículos detenidos, además la advertencia DAG-Adv-2023-0961 realizada en julio anterior, señala la ausencia de mobiliario en la zona del comedor y daños en la cerradura de la puerta principal que es cerrada con una varilla de acero atravesada.
En la delegación de Jacó, los oficiales no solo lidian con problemas de higiene y seguridad como los citados en las otras sedes, sino que esta edificación se inunda cuando hay fuertes aguaceros en la zona y las láminas del cielo raso se desprendieron “en apariencia por la caída de un animal”, según se lee en el informe.
La sede regional de Puntarenas, también reúne la larga lista de deficiencias señaladas desde los cables expuestos, hasta los problemas de limpieza y manejo de aguas.
Orden de Sala IV
El secretario del sindicato aseguró que desde hace años se vienen señalando las condiciones “precarias” de las sedes de este cuerpo policial.
Incluso, dijo, él mismo acudió al Ministerio de Salud y posteriormente se giraron órdenes sanitarias. Como no hubo respuesta a esas medidas, presentó recursos de amparo que fueron declarados con lugar hace más de tres años.
De acuerdo con esos fallos, a los cuales este medio tuvo acceso, la Sala Constitucional había dado en octubre del 2020, 18 meses de plazo a los jerarcas del MOPT y Cosevi para que atendieran los señalamientos de las órdenes sanitarias.
Ureña dijo que dicha disposición no se cumplió y, pasado el plazo, las autoridades de Tránsito pidieron una prórroga que les fue otorgada y que venció en setiembre anterior.
Según el líder sindical, el actual director de Tránsito pidió llegada esa fecha una nueva prórroga pero esta fue rechazada, por lo que le pasado 14 de noviembre, dirigió un nuevo oficio a la ministra de Salud, Mary Munive, solicitando que se realicen nuevas inspecciones en las edificaciones con órdenes sanitarias y realicen las acciones que correspondan en aquellas donde persisten incumplimientos.
Ureña citó que sedes como la de Guápiles y de Nicoya, “se están cayendo”, mientras que la delegación que operaba en el Zurquí, en la ruta 32, tuvo que ser trasladada a la sede de Dekra, en San Luis de Santo Domingo de Heredia, y las de Grecia y Palmares debieron cerrar y trasladar al personal al edificio cercano al peaje de la carretera Bernardo Soto.
El problema de las malas condiciones en las sedes de tránsito, se suma a otras carencias que han sido denunciadas por este gremio policial, así como al déficit propio de oficiales en las calles.