Un año y medio después de que el ahora exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez confirmara la selección de la empresa alemana Dekra como operador de la revisión técnica en el país, el proceso seguido para dicha contratación sigue generando inquietudes, al punto que los diputados de la Comisión de Infraestructura iniciaron una investigación.
Este lunes, acudieron a ese foro el regulador general de Servicios Públicos, Eric Bogantes, y el intendente de Transportes, Edward Araya, para aclarar lo relacionado las tarifas de Dekra y el papel que jugó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en ese trámite.
Tras confirmar una vez más que el ahora exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, conocía con anticipación que no era posible ofrecer un servicio público gratuito, las dudas en torno a los motivos que mediaron en la selección de Dekra se avivaron entre los legisladores.
Esto es lo que se sabe hasta ahora.
¿Cuál fue la razón por la que el gobierno seleccionó a Dekra a pesar de no poder ofrecer las reinspecciones gratis?
El 24 agosto del 2022, el presidente Rodrigo Chaves y el entonces ministro Amador, anunciaron que la empresa alemana sería la encargada de brindar el servicio mediante un permiso de uso en precario. En esa ocasión, Amador aseguró que la reinspección por un solo defecto sería gratuita.
“Es una firma muy sólida y las cotizaciones que hizo están dentro del rango que la Aresep estableció para la inspección técnica. Estamos tratando de tener un modelo donde haya reinspección de un defecto y reinspección de más de un defecto, la reinspección de un defecto va a ser gratuita, cuando haya más de un defecto tendrá que cobrarla pero a la mitad de la primera inspección, y ya de por sí el valor de la inspección baja casi a la mitad”, dijo Amador.
Para ese momento y de acuerdo con lo declarado la noche del lunes por el intendente, Amador ya sabía que esa opción no era legalmente posible.
Posteriormente, se conoció, según actas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), que la oferta de Dekra no era la más barata y que de acuerdo al mecanismo de evaluación, esa empresa había quedado en segundo lugar.
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Sin embargo, el entonces ministro justificó su decisión basado en dudas respecto a la experiencia reportada por la firma que obtuvo el primer lugar, así como señalamientos por supuestos hechos de corrupción de esa compañía en Honduras, sobre los que él mismo había indicado (según consta en actas del Cosevi) que no se tenían pruebas y, se creía, que se relacionaban más con un funcionario público.
Posteriormente, el MOPT indicó en un comunicado que la decisión de escoger a Dekra obedeció a un tema discrecional, para el cual estaba facultado por tratarse de dicha figura de permisionario.
¿Cuál fue el margen de ganancia solicitado por Luis Amador?
Otro de los temas abordados por los legisladores fue la solicitud de un margen de ganancia del 16% que solicitó Amador para el operador que brindaría el servicio, incluso antes de que se iniciara el proceso de selección.
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El regulador general, Eric Bogantes, indicó que no es costumbre que un ente rector solicite un margen de utilidad para un contrato de servicios públicos, pues normalmente las solicitudes tarifarias se basan en los datos sobre utilidades promedio en la industria. Los representantes de la Aresep aclararon que finalmente se otorgó un porcentaje de utilidades del 11,03% y no lo solicitado por el ministro.
¿Cuál fue el motivo por el cual se modificó el reglamento de inspección para obligar a los propietarios de vehículos a pagar por la revisión completa?
El intendente de Transportes también reveló que el decreto ejecutivo mediante el cual se modificó el reglamento de inspección para obligar a los propietarios de los vehículos a pagar por la revisión completa cuando presentan más de una falla, se firmó apenas cinco días después de que la Aresep realizara la fijación tarifaria que establecía una tarifa de reinspección de ¢2.166.
Ese decreto se publicó a tres días de que la empresa comenzara a operar en el país y le generó ¢1.500 millones durante su primer año de operación.
En noviembre del 2022, durante una comparecencia voluntaria en el Congreso, Amador confirmó que el cambio en el decreto respondió a las presiones de la empresa por sus márgenes de utilidades.
“La empresa indicó que si no tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos no entraba. Hubo que hacer ese cambio (el decreto del 25 de octubre) de manera temporal hasta por seis meses e inmediatamente lo vamos a volver a cambiar”, indicó.
Pasados los seis meses, sin embargo, ese cambio no se hizo.
Como parte de la investigación que llevan a cabo los diputados, está llamado a comparecer el exministro Amador, sin embargo debido a que abandonó el país el viernes anterior tras su destitución, el 12 de marzo, se desconoce si rendirá su declaración de manera virtual.