El plan para ampliar la carretera entre San José y Cartago por medio de una concesión, sigue en pie a pesar de que la iniciativa está a cargo de la constructora MECO, actualmente investigada dentro del Caso Cochinilla.
De acuerdo con el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), José Manuel Saénz, como la empresa continúa funcionando, lo que esperan es que terminen los estudios de factibilidad que tienen pendientes.
Mientras los representantes de la constructora no sean juzgados y sentenciados por los hechos que actualmente se investigan, no pueden inhabilitar la firma, advirtió el funcionario. De hacerlo, expondrían al Estado a una demanda.
Sáenz recordó además que por tratarse de una iniciativa privada, una vez que MECO entregue los estudios y se elabore el cartel, el proyecto se sacará a concurso mediante una licitación pública internacional, en la que podrá participar cualquier empresa, además del proponente.
“Ahí el que tiene la última palabra es el CNC y el cartel va a ir, claramente, con la posibilidad abierta de que participe cualquiera que tenga la capacidad mínima que uno esperaría de un concesionario para una obra como esa. Si ellos (MECO) no ganan, el que gane tiene que pagarles el costo por los estudios”, explicó el jerarca de Concesiones.
Actualmente, afirmó, hay “muchas empresas” internacionales deseosas de participar en este tipo de procesos.
Temor por financiamiento
El tema de la investigación por delitos de corrupción en contratación de obras viales también será discutido en la Junta Directiva del CNC, para definir qué acciones se deben tomar.
No obstante, Sáenz adelantó que en su criterio es poco lo que podrían hacer mientras no haya una sentencia.
“Mi preocupación más bien tiene que ver con que (MECO) no pueda responder para terminar los estudios, pero no lo creo porque van muy adelantados; lo que falta es poco, el grueso de la inversión ya lo hicieron (...) falta incorporar los costos del corredor urbano en el estudio financiero y de demanda, eso lo llevaban bastante adelantado, así que no deberían tener mayor problema”, añadió.
En tanto, la empresa MECO indicó a La Nación que “el proyecto sigue su curso según los compromisos contractuales adquiridos con el CNC”.
En relación con dicho corredor, Concesiones ya tomó la decisión de que se optaría por la alternativa de un viaducto de 2,5 km sobre la ruta 215 que es la que pasa frente a Multiplaza del Este, en Curridabat.
La estimación es que la obra completa tenga un costo de ¢330 millones, pues también está por definirse si se dejarían por fuera los dos extremos del proyecto a fin de abaratar costos y no cobrar tarifas excesivas de peaje.
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Según los cálculos preliminares que maneja el CNC, para costear esa inversión tendrían que instalar de una a dos casetas de peaje, en las que los usuarios pagarían alrededor de ¢1.030 por sentido.
La intención de esa entidad es que el proyecto sea licitado antes de que termine este año y que la adjudicación quede en firme en el primer cuatrimestre del 2022.
Si esos plazos se cumplen, los trabajos iniciarían a finales del próximo año y, según la propuesta de MECO el plazo constructivo una vez recibida la orden de inicio sería de dos años.
De acuerdo con ese mismo planteamiento, de completarse la ampliación en los 22 km de recorrido, el viaje entre San José y Cartago se reduciría a 30 minutos.
El plan presentado por la constructora, incluye mejoras en la vialidad en todo el tramo entre plaza González Víquez y el cruce de las Garantías Sociales (esta sería una de las secciones que el Gobierno eliminaría), así como la construcción del viaducto entre ese punto y Hacienda Vieja.
También contempla la ampliación a tres carriles por sentido entre Hacienda Vieja y Taras de Cartago, además de mejoras en cruces y obras en Ochomogo para contención de taludes y demolición de losas de concreto.
En la Lima se ampliaría a tres carriles por sentido el ingreso a Cartago por la calle que pasa frente al cementerio y se levantaría un paso superior en dirección norte- sur.
Además, en el entronque entre la intersección de la Lima con la Interamericana Sur (por el Quijongo) contempla la ampliación a dos carriles por sentido, carriles marginales, ciclovía y mejoras en la vialidad para ingreso al nuevo hospital de Cartago, con un paso superior. Esta última sección también sería eliminada del proyecto.
Detenido
La otra iniciativa privada que manejaba el CNC está a cargo de otra de las empresas cuestionadas por supuesta corrupción en obras viales.
Se trata de la ampliación del paso de montaña de la ruta 32, entre San Isidro de Heredia y el cruce hacia Río Frío, cuya propuesta fue presentada por el consorcio en el que participa H Solís (investigada dentro del Caso Cochinilla) y TPF Ingeniería.
El secretario de Concesiones reconoció que ese plan ha avanzado muy poco y actualmente se encuentra detenido debido a que el consorcio presentó un reclamo ante la Junta Directiva.
El reclamo, explicó, tiene que ver con los estudios de tráfico que se verían afectados a causa de la pandemia.
Contra Carlos Cerdas y Mélida Solís, principales representantes de MECO y H Solís, respectivamente, se ordenó el pago de millonarias fianzas para evitar prisión preventiva.
La tarde de este lunes, Cerdas fue liberado tras poner una propiedad como garantía de la fianza por $5 millones. Solís estaba en ese proceso para cumplir su fianza por $3 millones.
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El Caso Cochinilla, trascendió el pasado 15 de junio, cuando se allanaron oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), sedes de las empresas y casas de habitación de funcionarios y empresarios.
30 personas fueron detenidas, aunque en la causa figuran 72 personas. Se les investiga por un supuesto desvío de fondos y pago de dádivas a cambio de tratos preferenciales en pagos de facturas y procesos de adjudicación de obras viales.
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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, dijo a La Nación la semana pasada que en el caso de los contratos de conservación que están pendientes de adjudicarse no se otorgarían a las empresas cuestionadas.