El plan para llevar adelante la conservación de la vía entre Guacimal y Santa Elena, en Puntarenas, que prometía convertirse en un paradigma para la construcción y mantenimiento de carreteras en el país, terminó siendo un fracaso.
Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoría interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en el cual se detallan las deficiencias y errores que hicieron que la iniciativa nunca se concretara.
El proyecto para asfaltar la carretera que lleva a la reserva del bosque nuboso de Monteverde sería desarrollado como un modelo piloto, cuya principal novedad era la implementación de la conservación mediante niveles de servicio. Esto implicaba que el contratista debía mantener el estado la vía en ciertos parámetros fijados contractualmente.
Ese sistema había sido señalado por la Contraloría General de la República como el indicado para el mantenimiento de la red vial, pues el utilizado actualmente (pago por precios unitarios) no establece incentivos para que los contratistas sean eficientes al ejecutar las obras, pues se paga por cada actividad que se ejecute y no por el resultado.
Bajo ese concepto, y luego del fracaso en la construcción que llevaba a cabo la empresa Grupo Orosi, la anterior administración anunció que la vía de 17 kilómetros se construiría bajo una modalidad de diseño, construcción y mantenimiento, luego de décadas de espera por parte de los vecinos.
Para ese fin, se generó un cartel de licitación que contemplaba el diseño y construcción de algunas obras de estabilización, la atención de problemas geotécnicos, revisión y actualización del diseño del sistema pluvial y pavimentos de la carretera, así como la construcción del proyecto completo y el mantenimiento de la sección intervenida por un periodo de cuatro años.
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El borrador de ese cartel se publicó a inicios del 2020; no obstante, nunca llegó a ser adjudicado.
¿Qué pasó?
Según la Auditoría, el Conavi no llevó a cabo una adecuada planificación de este proyecto desde la etapa de preinversión, no hubo controles, ni adecuada estructuración de costos.
El informe presentado el mes anterior, al Consejo de Administración, indica que la propuesta presentó debilidades en el proceso de planificación y documentación de los mecanismos de control, porque no tuvo un estudio de preinversión.
Tampoco existía una ficha técnica del proyecto que contemplara los detalles preliminares, ni un expediente con la justificación para ejecutarlo mediante la nueva modalidad.
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Esas debilidades, señala la Auditoría, surgen porque la Dirección Ejecutiva en ese momento (que estaba ocupada por Mario Rodríguez) asumió el proyecto sin gestionar los estudios de preinversión con la dirección de Planificación Institucional, encargada de la coordinación y asesoría en aspectos técnicos relacionados con estudios de preinversión.
“Inclusive, para el proyecto en cuestión, se elaboró el cartel de contratación por la modalidad de mantenimiento por estándares, invirtiendo recursos para ese propósito, que finalmente no fue posible concluir”, dice el documento.
Tampoco se se realizó la valoración de riesgos del plan.
Se determinó que el alcance oficial del proyecto se definió en un borrador de requerimientos del cartel de licitación.
La iniciativa carecía de un cronograma de trabajo en el que se contemplaran todas las etapas del proyecto y el borrador del cartel de licitación especificó un plazo que no coincidía con el recibido por parte de la Dirección Ejecutiva.
No se estimaron los costos de todas las actividades, los cuales debieron haberse contemplado en un estudio de preinversión. Esa situación “denotó omisión de la normativa y falta de controles y documentación”, agrega el informe.
Además, no se contó con personal con conocimiento experto para estimar los costos de proyectos de mantenimiento por estándares, ni mucho menos para brindar una aprobación objetiva con base en un análisis técnico. Esa situación podría haber llevado a sobrecostos en caso de que el plan se hubiera adjudicado.
Inconsistencia legal
A pesar de todas las falencias, el archivo del proyecto se debió a una inconsistencia legal.
Según consta en el informe, para cumplir la disposición de la Contraloría, las especificaciones técnicas indicaban que se requería un plazo contractual de 10 años; sin embargo la ley solo permite otorgar contratos de conservación por cinco años.
A partir de esa situación, la etapa de la planificación se mantuvo en espera, hasta que se lograran analizar las diversas alternativas de solución existentes para avanzar a la mayor brevedad posible. Finalmente y tras mantenerse estancada, la gestión fue descartada.
El sello asfáltico
En noviembre del 2019 y como una alternativa provisional a la problemática por el mal estado de la vía, el Conavi colocó un sello asfáltico a lo largo de 17 kilómetros de la ruta.
Ese material comprendía una capa superficial, cuyo fin era mejorar la transitabilidad mientras se avanzaba en la licitación por niveles de servicio.
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Tres años después, y luego de que la propuesta fuera descartada, la Auditoría señala que el estado de la carretera es “muy heterogéneo”, pues hay tramos con deterioros con severidad baja, moderada y alta, así como otras secciones en buen estado.
Los primeros ocho kilómetros y los últimos tres del recorrido son los que se encuentran en peor estado.
En criterio de los auditores del Conavi, las intervenciones realizadas no contaron con registros de diseños oficiales, ni aprobados por la Administración, por lo que se desconoció la vida útil y el desempeño de los materiales colocados.
Sobre esa obra, se concluye que la inversión “evidenció debilidades en la planificación”
“Esta situación inserta a la Administración en un círculo vicioso de mantenimiento inadecuado, provoca posibles inversiones altas en conservación vial, es decir, que incide en que se destinen menos fondos para mantenimiento, y que este sea insuficiente, provocando la generación de deterioros prematuros en la ruta”, concluye el documento.
El informe de la Auditoría fue conocido por el actual Consejo de Administración del Conavi, en la sesión de junta directiva del pasado 27 de marzo. En esa sesión, únicamente se tomó nota del documento y no se discutió sobre una eventual intervención a la vía.
A la fecha, las autoridades actuales no han anunciado un plan, ni siquiera han mencionado entre sus proyectos una solución para esta ruta.