Un año después de que el gobierno decidiera archivar la propuesta de iniciativa privada de la constructora MECO para ampliar la carretera San José-Cartago y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunciara que desarrollarían un nuevo proyecto desde cero, el estado de ese plan es un misterio.
En mayo del año pasado, el entonces jerarca de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, prometió que la etapa de factibilidad de la nueva propuesta se completaría en entre seis y ocho meses, con la meta de adjudicar las obras a finales de 2024. Sin embargo, hasta la fecha, ni el MOPT ni el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) han brindado información sobre el estado del proyecto o el mecanismo que se utilizará para ejecutar la anhelada ampliación.
La empresa MECO confirmó la semana pasada a este diario que el Tribunal Contencioso Administrativo acogió un amparo de legalidad presentado contra la decisión del CNC de archivar su propuesta, no obstante, se encontraban a la espera de la respuesta de ese consejo.
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Desde el pasado 20 de mayo, La Nación dirigió consultas al ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, para conocer si existe la intención de retomar la iniciativa planteada por MECO o el posible avance del proyecto que se desarrollaría en reemplazo de esa propuesta, pero no se ha obtenido respuesta.
Adicionalmente, desde el 22 de abril, se solicitó una entrevista con la nueva secretaria técnica de Concesiones, Shalom Loría, para conocer el estado de este y otros proyectos que tiene a cargo, pero aún no se ha otorgado el espacio. A esa funcionaria también se le enviaron consultas relacionadas con el tema de MECO desde el 20 de mayo, pero tampoco ha respondido.
¿Prioritario?
De acuerdo con las últimas actas de la Junta Directiva del CNC disponibles en el sitio web de la entidad, la ampliación de la carretera a Cartago no parece ser una prioridad dentro de los proyectos a desarrollar.
En la sesión del pasado 18 de abril, el ministro Batalla propuso solicitar a la secretaria técnica que presentara un plan de acción para cumplir con los acuerdos pendientes y añadió que se debía priorizar “la visión estratégica” de la Administración de “echar a caminar alguna iniciativa privada”. Batalla añadió en esa misma reunión que “no necesariamente” debía ser la ruta 2 (San José-Cartago).
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“Creo que hay otras iniciativas privadas importantes, me parece ruta 23, está también ruta 32 el Zurquí, hay varias iniciativas privadas que quisiera este ministro poder de alguna manera desempolvar y traerlas a la mesa de discusión para poder tomar decisiones basado en el interés público”, agregó Batalla, según consta en el acta de la sesión 007-2024.
En una sesión posterior, realizada el 25 de abril, dos directivos llevaron a la mesa el tema de MECO, sin embargo, tampoco hubo una respuesta clara de parte de la secretaria técnica respecto a ese tema específico.
En el acta 008-2024, se cita que el representante de las Confederaciones Sindicales, Organizaciones Solidaristas y Cooperativas, Luis Montero, señaló la necesidad de actuar respecto al recurso de revocatoria y apelación con subsidio presentado por MECO hace un año. En esa misma línea, la representante de las Cámaras Empresariales, Ana Cristina Jenkins, pidió conocer la responsabilidad que tendrían como directivos debido al tiempo que ha pasado sin contestarse ese reclamo, ya que el mismo no se ha llevado a la Junta.
En su respuesta, la secretaria técnica no se refirió a esa consulta específica y únicamente indicó que podía hacerse la solicitud al Área de Gestión de Iniciativas Privadas. Posteriormente, habló sobre la contratación de una consultoría para armar un portafolio de proyectos y agregó que tenía, además, la consigna de llevar a la Junta las resoluciones pendientes.
“Vamos a reunir a las áreas como bien lo decía ahora para que puedan explicar cómo todo el proceso que han tenido estas iniciativas que están ahorita en fase recursiva, aquí en alzada”, agregó en referencia a la consulta sobre el recurso.
La propuesta de MECO
La decisión de rechazar la propuesta de MECO fue tomada por la Junta Directiva del CNC el 20 de abril del año pasado. En esa ocasión, el MOPT alegó que el proyecto representaba un alto costo el cual se cargaría a los peajes. Además, se consideró la falta de recursos para la contrapartida estatal.
Se afirmó que el anteproyecto presentado por la constructora presentaba incumplimientos, no solo en la parte financiera, sino también en los estudios técnicos, legales y ambientales, por lo que no era posible otorgar la factibilidad en ninguno de esos temas.
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El plan de MECO contemplaba la ampliación de 20 km entre el paso de las Garantías Sociales, en Zapote, y el cruce de Taras, al ingreso a Cartago.
Los estudios elaborados por esa empresa estimaron el proyecto en cerca de $440 millones. Para financiar la obra, se requería de un peaje de ¢1.030 por sentido, además de un aporte estatal de al menos $80 millones.
El plan presentado en ese momento en sustitución de esa iniciativa se desarrollaría mediante una concesión y según se anunció, requeriría una inversión inferior a los $220 millones.
