La construcción del nuevo puente sobre el río Virilla, en la ruta 32 –conocido como puente del Saprissa–, empezaría en aproximadamente mes y medio.
La información fue suministrada por Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura.
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Alfaro explicó que este lunes recibieron una notificación de la Contraloría General de la República (CGR) en la que les comunicaron que declararon sin lugar las apelaciones interpuestas por varias empresas interesadas en la obra.
De esa manera, quedó en firme la adjudicación del proyecto al consorcio Virilla 32, integrado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas, por $22 millones.
"Aquí se terminó el proceso recursivo, ahora lo que resta es formalizar el contrato y darle orden de inicio a la empresa. Ellos tienen como 15 días para la movilización de los equipos al sitio de la construcción", comentó Alfaro.
La funcionaria explicó que completar esas gestiones tarda un mes, pero el cambio de jerarcas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) obliga a completar un proceso de registro de firmas ante el Ministerio de Hacienda, lo cual atrasará los trámites de dos a tres semanas.
El registro de firmas es necesario para que el nuevo ministro y viceministro puedan firmar contratos y oficios.
Otro pendiente del proyecto es la reubicación de 19 familias que viven en el barrio Saprissa, ubicado en los alrededores de la estructura actual.
Además, el MOPT debe reactivar la licencia ambiental, pues fue congelada mientras se resolvía la apelación en la CGR.
A partir de la orden de inicio, el contratista tendrá 18 meses para concluir la obra.
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De acuerdo con el departamento de Planificación Sectorial del MOPT, por esa estructura transitan 34.000 vehículos por día.
La contratación del nuevo puente del Saprissa fue encargada a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). El proceso se inició desde el 2016, pero enfrentó un largo proceso de impugnaciones.
Uno de los principales problemas fue que UNOPS insistió, durante varios meses, en que el expediente de contratación debía ser confidencial.
No obstante, luego de varias solicitudes de la Contraloría, la agencia de Naciones Unidas decidió hacer público el archivo.
