La ampliación del puente sobre el río Virilla en la ruta 32 –conocido como del Saprissa– y la construcción del paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en la carretera de Circunvalación, permanecen atascados en una maraña legal.
Los proyectos, administrados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), enfrentan apelaciones en la Contraloría General de la República (CGR), reclamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo y recursos de amparo en la Sala IV.
Esta situación, más la lentitud de UNOPS para publicar las licitaciones, ha obligado al Gobierno a postergar la fecha de inicio de las obras desde el 2016.
Las constructoras interesadas en ejecutar los trabajos reclaman desde meses atrás inconformidades en los procesos de adjudicación, falta de información y restricciones en el acceso al expediente de contratación.
La última impugnación ante la Contraloría en el caso del viaducto en Garantías Sociales fue presentada el 17 de octubre por la empresa FCC Construcción América S.A.. Esta alega ser la legítima adjudicataria.
Esa constructora recibió, el 17 de abril, una nota de UNOPS en la que le comunicaba que habían escogido su oferta y, que una vez superada la etapa de apelaciones, firmarían el contrato de construcción.
No obstante, el 22 de mayo, la sede de UNOPS en Nueva York resolvió una apelación de H. Solís y ordenó "retrotraer el proceso hasta la etapa de evaluación de ofertas a fin de que el Comité de Evaluación prosiga con el análisis de la oferta financiera".
Con el nuevo análisis resultó ganadora constructora MECO S.A.. El cambio desató una pugna legal que se mantiene hasta ahora.
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En el escrito de apelación, FCC Construcción América S.A. reconoce que el precio la oferta de MECO S.A. para construir el viaducto es menor al suyo, pero señala que la propuesta de su competidor no cumple con los requisitos.
También hay una apelación presentada por la constructora Hernán Solís.
El órgano contralor aún no resuelve los reclamos. El plazo para pronunciarse vence el 8 de diciembre.
Además de la apelación ante la Contraloría, FCC Construcción América S.A. solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que les permitan ver el expediente de contratación de la obra. Ambas dilligencias no han sido resueltas por las autoridades judiciales.
Su última solicitud se debe a que el 20 de setiembre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y UNOPS firmaron un convenio en el que declaran confidencial toda la información relacionada a esos proyectos.
En el acuerdo, el Conavi se comprometió con UNOPS a "mantener estricta confidencialidad" sobre las ofertas de las empresas que estaban interesadas, informes de evaluación de las propuestas, minutas de las reuniones, registro de las aclaraciones y protestas presentadas por las constructoras interesadas.
Varado
El mismo panorama legal enfrenta la ampliación a cuatro carriles del puente del Saprissa, proyecto apelado por el consorcio integrado por Grupo Orosí y OAS.
En setiembre, la Contraloría General de la República anuló la decisión del Conavi de adjudicar la obra de $22,3 millones al Consorcio Virilla 32.
La decisión de la Contraloría se basó en el hecho de que UNOPS se negó a entregar una copia del expediente de contratación a la Contraloría, por considerar el documento confidencial.
"La Administración (Conavi) emitió acto de no objeción (avaló el plan) sin conocer el contenido del expediente del concurso, lo que implica que no estuvo en capacidad de verificar los análisis, ni las ofertas presentadas y tampoco con detalle los documentos que las valoraron", dijo la CGR en la resolución R-DCA-0705-2017 del 4 de setiembre.
Por esta razón, el proceso prácticamente se repitió luego de que Conavi accedió a la información de la contratación. Ahora la CGR debe pronunciarse nuevamente. Para emitir un criterio sobre este proyecto tiene tiempo hasta el el 1.° de diciembre.
¿Cuándo empezarán?
Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, dijo que esperan que la Contraloría ratifique las adjudicaciones y empezar los trabajos, en ambos proyectos, en enero.
"Estamos confiados en que estos procesos se ha llevado a cabalidad, con transparencia y objetividad, tenemos que agotar la vía administrativa de la presentación de reclamos. Una vez agotada esa vía, confiamos en que las adjudicaciones tengan firmeza", comentó Alfaro.
Sobre la confidencialidad, la viceministra expresó que las constructoras sabían esa condición y la aceptaron a la hora de entrar al concurso de contratación.
"Hay algunas empresas que siguen insistiendo en eso, ese principio de confidencialidad es un tema como de resistencia, ellos mismos (empresarios) lo sabían cuando ofertaron en el cartel de licitación".
El paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales forma parte de un paquete de obras que incluyen mejoras en la rotonda de La Bandera y la intersección hacia Guadalupe, para esa infraestructura se reservó un presupuesto de $62,3 millones, el cual será insuficiente por los constantes atrasos.
También se destinaron $3,4 millones para los servicios de administración de UNOPS y costos indirectos.