EscucharLa ampliación de la ruta 27, que comunica San José con puerto Caldera, costará $100 millones menos de lo que había estimado la concesionaria a cargo. La empresa había ofrecido duplicar la capacidad de la carretera de 77 km por $646 millones, sin embargo, desde el inicio ese monto era considerado alto por la Administración.
El ahorro en el costo planteado por la empresa Ruta 27 (antes Globalvia), se logró con la optimización de diseños y reduciendo los costos propuestos en algunas de las obras, confirmó José Manuel Sáenz, secretario técnico de Concesiones.
Desde semanas atrás, el funcionario había adelantado a La Nación que pedirían apoyo a los especialistas del Departamento de Costo de Obras Viales del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para certificar los montos asignados a varios de los ítems planteados por la concesionaria.
Saénz aseguró que de esta manera, lograron abaratar el proyecto sin sacrificar el alcance.
Pese a la rebaja en las estimaciones, el Gobierno debe asegurar un aporte estatal de al menos $100 millones para que las tarifas de peaje no se dupliquen.
Sin ‘amarrar’
La intención del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) era dejar “amarrado” el plan para duplicar la capacidad de la vía, eso no será posible. Según Sáenz, el proceso quedará con un 80% de avance al concluir este gobierno.
Esta labor iba encaminada a definir los costos pero también otros aspectos, como el plazo en que se ampliaría el contrato de concesión con Ruta 27 y concretarlo en una adenda al convenio actual.
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“No se logra presentar la adenda (antes del 8 de mayo), la dejamos con un avance muy grande en materia de negociación, en materia de definición de los alcances tećnicos; se aprobaron los planos del anteproyecto, tenemos prácticamente cerrados los costos de inversión y de operación. Estamos trabajando el modelo financiero y llevamos un adelanto en materia legal y de revisión de ciertas cláusulas contractuales”, explicó Saénz.
De acuerdo con el encargado de concesiones, quedará pendiente lo relativo al contrato y los escenarios que deben correrse para afinar el modelo financiero, así como las opciones que tendrá el país en lo que concierne al aporte estatal.
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La empresa propuso realizar la ampliación por etapas, la fase constructiva iniciaría en el 2023 y se completaría en un plazo de cinco años. (Rafael Pacheco Granados)
La propuesta planteada por Ruta 27 es realizar la ampliación por etapas y, conforme se vayan poniendo en servicio los nuevos trayectos duplicados, se irían incrementando las tarifas de peaje.
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La empresa dividió el proyecto en cuatro secciones: La primera va del Gimnasio Nacional a la intersección de Siquiares; la segunda etapa en intervenir va de Siquiares a Balsa de Atenas; posteriormente se intervendría el trayecto entre Atenas y Orotina, en donde se requieren las obras más complejas para atender la inestabilidad de taludes y, para el final, se dejaría el tramo entre Orotina y Caldera.
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El contrato de concesión vigente vence en el 2033; la adenda para lograr la ampliación de la carretera permitiría a la empresa española explotarla durante al menos 15 años más.
Solo por el tramo entre La Sabana y el peaje a Escazú pasan a diario más de 100.000 vehículos.
Ampliación a Cartago
El próximo gobierno también deberá completar el proceso de licitación, para la ampliación de la carretera entre San José y Cartago, que fue propuesta mediante una iniciativa privada de la empresa MECO.
El jerarca de concesiones dijo que a la constructora le queda al menos un mes más para completar los estudios de factibilidad, pues los documentos que entregaron venían incompletos.
Posteriormente, Concesiones deberá elaborar un cartel basado en las condiciones de dichos estudios para sacar la licitación internacional. En caso de que resulte adjudicada una empresa diferente a la proponente, esta debería reconocerle a MECO lo invertido en esta fase de estudios.
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La empresa estimó que el proyecto tendría un costo de $330 millones y según los cálculos preliminares que maneja el CNC, para costear esa inversión tendrían que instalar de una a dos casetas de peaje, en las que los usuarios pagarían alrededor de ¢1.030 por sentido.
Además, en este proyecto también se requiere de un aporte estatal de alrededor de $100 millones.
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