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Laurel, Corredores. Veintidós familias indígenas guaimíes invadieron hace cuatro meses parte de la finca Caucho, en este distrito de Corredores, Puntarenas.
“Ante la necesidad de trabajar la tierra y debido al abandono en que se encontraban 11 hectáreas, decidimos ocupar los terrenos que en un tiempo pertenecían a Procercoop, cooperativa dedicada a procesar embutidos y palma aceitera”, dijo Juan Miranda Miranda, presidente de la Asociación Indígena Guaimí Cenizo-Laurel.
Miranda, de 40 años, señaló que las familias se organizaron y tomaron posesión de las tierras porque estaban en abandono.
Agregó que los terrenos pertenecen a varias instituciones públicas y privadas pues la extinta cooperativa no pudo enfrentar las deudas y se declaró en quiebra.
Actualmente la propiedad invadida se encuentra hipotecada por compromisos con el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Banco Popular y la Junta de Desarrollo del Sur (Judesur).
Solicitud. Los indígenas se reunieron recientemente con el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Carlos Bolaños Céspedes, a quien pidieron que interceda ante los acreedores y que la entidad compre los terrenos para que luego sean traspasados a la asociación indígena.
“Queremos que el IDA tome el acuerdo y compre esta finca para que juntos nos dediquemos a trabajarla pues estamos faltos de esa labor y nuestras familias necesitan comer”, expresó Cristóbal Palacios Santos, de 28 años.
En el lugar los indígenas no tienen agua potable ni electricidad, y algunos viven en ranchos de latas de zinc, forrados con plástico.
La finca ocupada tiene nueve hectáreas sembradas de palma aceitera.
Las labores de recolección, corta y mantenimiento son realizadas por los indígenas.
Judesur giró cerca de ¢70 millones años atrás a Procercoop para que instalara una planta de embutidos en la zona.
“Sin embargo, el proyecto se vino abajo y la cooperativa se declaró en quiebra”, reconoció Hélberth Barrantes, director ejecutivo la Junta de Desarrollo.
“La cooperativa solicitaba préstamos a diferentes entidades y daba como garantía los terrenos, es por eso que ahora pertenecen a Infocoop, Judesur y el Banco Popular”, agregó Barrantes.
Los invasores de las tierras en disputa aseguraron que se mantendrán allí e insistieron en que el IDA debe comprar esa finca.
