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La empresa Tropigás y el Instituto Nacional de Seguros (INS) tendrán que pagar ¢38 millones a una familia de Pérez Zeledón –zona sur– que fue víctima de una explosión de un camión cargado con gas para cocinar.
El accidente ocurrió hace nueve años, destruyó la vivienda y causó quemaduras a varios miembros de la familia.
El 17 de junio, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Tropigás y el INS.
Deberán pagar en forma solidaria ¢38,4 millones en favor de los afectados por el percance, que data del 27 de julio de 1995.
Esa mañana, a las 7:45 a. m., un camión cisterna de Tropigás con 10.000 galones (38.000 litros) de gas licuado (LPG) volcó en el kilómetro 103 de la Interamericana Sur.
Hubo una explosión que incendió todo lo que había 200 metros a la redonda, incluida la casa donde la familia Madrigal Rosales se disponía a desayunar.
El percance también causó lesiones a siete personas y la muerte de Rodrigo Cerdas Azofeifa, conductor del cisterna.
De los heridos, el más afectado fue Enrique Madrigal Vindas, quien tenía entonces 45 años.
“Yo, en medio de la desesperación, salí corriendo y cuando llegué a la cerca ya el fuego estaba por todo lado y de una altura como por las rodillas. El fuego me envolvió”, recordó Madrigal.
Las penurias
Al mismo tiempo, su esposa, Lucinia Rosales, con un embarazo de ocho meses, sacó fuerzas para entrar a la casa y rescatar a la pequeña Jenny, de siete años.
Marilyn, de 13, se encontraba en ese momento alimentando los terneros y oyó la explosión.
“Yo vi el fuego cuando venía de la bomba (el camión cisterna) para acá... Pensé que era el fin de mundo.
“Salí corriendo y me quebré un pie; por eso sufrí quemaduras”.
Conforme pasaron los días, las lesiones fueron sanando y tres semanas más tarde vino al mundo Enrique, el menor de la casa.
Sin embargo, también comenzaron las congojas porque ya no tenían casa, ni animales, ni hortalizas... ni nada.
Además, el padre ya no pudo volver a sembrar y fueron su esposa e hijos los que comenzaron a llevar sustento.
Durante unos tres meses vivieron en la comunidad de Repunta, a 40 kilómetros de donde estuvo la vivienda, en una casa cuyo alquiler pagó Tropigás. Luego regresaron al sitio del incendio, donde la Fundación Costa Rica-Canadá les ofreció residencia nueva.
Tropigás les ayudó con un diario durante algún tiempo, pero al suspender la ayuda, los Madrigal Rosales pasaron penurias.
“Un día no teníamos nada qué comer entonces me fui a buscar hoja de cabuya para darles. Yo antes había cocinado una amarillenta, pero esa era como morada.
“Ellos comieron y al ratito comenzaron a vomitar, casi los mato, seguro era veneno”, comentó la madre, dolida.
Fueron algunos conocidos y otros extraños quienes los socorrieron con alimentos.
“Un señor de Curridabat pasó un día a preguntar si nosotros aceptábamos la ayuda. Luego nos traía arroz, frijoles, dulce y hasta cereal para los chiquillos”, agregó Lucinia Rosales.
En los Tribunales
Con la suspensión de las ayudas, la familia Madrigal Rosales decidió reclamar un pago, pues consideraba injusto haber perdido todo por un accidente en el que no fue responsable.
El 22 de marzo de 2002, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió su petición y condenó a Tropigás y al INS a pagar ¢28,8 millones. Esta sentencia fue apelada por demandantes y demandados.
Un segundo fallo judicial se produjo el 30 de setiembre de 2003, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo confirmó la condena, pero aumentó el monto a pagar a ¢38,4 millones
Finalmente, el caso llegó a la Sala Primera ante la cual se presentó un recurso de casación. Esta rechazó el recurso y confirmó la decisión del Tribunal.
“Parcialmente se hizo justicia en el tanto y en el cuanto se recibirá una indemnización que ayudará a la familia a salir adelante; al menos le permitirá dormir más tranquila”, dijo el abogado Gustavo Adolfo García, representante de los afectados.
No obstante, tanto él como sus clientes resienten, por un lado, la duración del proceso, y por otro, la poca colaboración de la empresa durante muchos años.
Según García, al final del proceso la compañía Tropigás aceptó colaborar para abreviar el pago. Esperan, dijo el abogado, que el INS asuma la misma posición y faciliten las cosas.
Enrique Madrigal, por su parte, aseguró que pasados tantos años ya estaban resignados. Ahora cree que valió la pena esperar.
“Uno ve casos que cuando hay gente de plata les va bien. Uno es de campo y se siente como si no valiera nada. Es mi palabra contra la de ellos”, concluyó.
