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El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) opera con una estructura organizacional aprobada desde 1990 y presenta incumplimientos “significativos” en el avance de procesos esenciales para asegurar su capacidad de gestión, según un informe dado a conocer este miércoles por la Contraloría General de la República.
Según la auditoría, el proceso de reestructuración organizacional registraba un avance de 10% al cierre de 2025, frente al 20% previsto en el Plan Estratégico Institucional (PEI).
El documento también advierte que las tarifas que cobra el Incofer por el transporte de carga continúan bajo una estructura definida hace 24 años y el proceso para actualizar esa metodología tiene un avance del 10%.
En el caso del servicio de transporte de pasajeros, la metodología tarifaria vigente data de 2008 y se basa en un modelo cuyos principios son los mismos que utiliza el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para el servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad de autobús, y está adaptado para el servicio remunerado de transporte de personas por ferrocarril.
En ese mismo documento se advierte que aunque el Incofer gestiona desde el año pasado la estructuración de un modelo tarifario que corresponde a un algoritmo de tarifas máximas por zonas y fraccionamiento, el cual permitiría hacer que el servicio sea más competitivo, el avance de ese proceso es del 60%.
La Contraloría también encontró problemas en el cobro por el uso de sus bienes y derechos ferroviarios.
Incofer utiliza estos activos para actividades comerciales mediante permisos de uso y cobra cánones por ellos. Entre esas actividades se encuentran los servicios publicitarios.
Sin embargo, al cierre de la auditoría había 171 solicitudes de permisos de uso pendientes de trámite.
La CGR encontró, además, permisos con más de 10 años de antigüedad y determinó que los permisos suscritos antes de 2025 representan el 82% de los ingresos que recibe Incofer por este concepto.
La institución no contaba con un plan formalmente aprobado para actualizar los cánones de esos permisos.
Aunque el Incofer tiene previsto avanzar con esa actualización hacia 2027, la Contraloría advirtió que la institución carecía de una planificación formal que permitiera ordenar ese proceso.
El órgano contralor indicó que mantener una estructura tarifaria desfasada de la realidad operativa de los servicios ferroviarios de pasajeros y de carga disminuye la competitividad del Incofer frente a otros medios de transporte público y privado, lo cual retrasa la consecución de los ingresos operativos contemplados como prioridad en la estrategia institucional.
En respuesta al informe, el Incofer indicó que ha venido trabajando y presentando avances reconocidos por los propios funcionarios de la Contraloría en “todos los aspectos revisados”.
Aseguraron que la CGR reconoció que para la ejecución de los planes se requería contar con mayores plazos de acuerdo con la planificación debidamente formulada.
“Queremos dejar claro que el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Incofer no está en riesgo”, agrega la posición institucional.
