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El inversionista italiano Alessandro Malaguti, quien desarrolla un proyecto turístico en Cuajiniquil de La Cruz en conjunto con la Corporación Mapache, es dueño de 120 hectáreas de tierra que hace apenas dos años pertenecían a cinco parceleros del IDA.
Malaguti, de 25 años y presidente de la Cámara de Turismo de La Cruz, adquirió las tierras luego de que el IDA, en la sesión del 28 de mayo del 2004, acordó levantar las limitaciones a los terrenos que los parceleros habían adquirido mediante escritura en 1994.
Las limitaciones son denominadas así porque las personas que reciben el beneficio de una parcela no pueden traspasar el dominio del inmueble hasta que hayan transcurrido 15 años desde el momento en que el IDA les hace entrega de la escritura.
El IDA accedió a levantar las limitaciones (sin cumplirse los 15 años) para evitar que la compañía Montecarlo de Cuajiniquil, representada por Fabrizio Malaguti, padre de Alessandro Malaguti, siguiera adelante con una demanda contra el Estado.
El alegato ante los tribunales se debió a que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se opuso a que las cinco parcelas pasaran a nombre de esa sociedad luego de que los campesinos que las poseían se las vendieron a un intermediario en 1997 y 1998.
Las 120 hectáreas fueron traspasadas el 3 de marzo del 2006 a un fidecomiso que Malaguti y la Corporación Mapache del Este suscribieron con el Banco Improsa.
Mediante el fideicomiso Malaguti y Mapache pretenden desarrollar en esas tierras un complejo habitacional de lujo con la participación de inversionistas europeos.
Malaguti es el mismo inversionista al que la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, otorgó en una sola sesión del 8 de agosto del 2003 un total de 18 concesiones para explotar turísticamente 200.000 metros cuadrados (unas 20 hectáreas) de la zona marítimo-terrestre en la costa sur de Cuajiniquil.
Una de estas concesiones por siete hectáreas otorgada a la empresa Condominios de Punta Castilla incluyó cuatro hectáreas ocupadas por la Escuela de Formación Policial Murciélago, del Ministerio de Seguridad Pública.
La legalidad de estas concesiones es investigada por la Contraloría General de la República y fue objetada por el actual alcalde de La Cruz, Carlos Matías Gonzaga.
Sin memoria. El arreglo extrajudicial entre el IDA y la empresa Montecarlo de Cuajiniquil se suscribió el 26 de abril del 2004.
El expresidente ejecutivo del IDA, Walter Céspedes, quien estaba al frente de la institución en aquella época, dijo no recordar mayores detalles sobre el convenio con el italiano.
“Ha pasado mucho tiempo y no puedo acordarme, pero si se tomó un acuerdo fue con base en algún estudio jurídico”, dijo Céspedes.
Venta con intermediario. La venta de los terrenos a Montecarlo de Cuajiniquil en 1997 y 1998 fue posible gracias a la intervención del comerciante liberiano Eliú Morales Loaiza.
De acuerdo con las escrituras de traspaso de las parcelas, Morales logró que los cinco campesinos le vendieran cada una de las parcelas en ¢2 millones.
Los vendedores de las parcelas fueron los campesinos Justiniano Cortés Cortés y su esposa; Celestina Alemán Medrano (viuda); Santos Antonio Selva Selva y su esposa; Gerardo Vargas Gómez y su esposa, y Eladio Lara Ponce.
Una vez que los campesinos firmaron las escrituras, Morales cedió los derechos sobre las tierras a la firma Montecarlo de Cuajiniquil, de Fabrizio Malaguti.
Sin embargo, los europeos no pudieron inscribir las tierras a su nombre porque el IDA, en setiembre de 1999, revocó el acuerdo de la junta directiva de la anterior administración, que dio permiso a los parceleros para disponer libremente de los terrenos.
La negativa del IDA originó una demanda contenciosa administrativa de la firma Montecarlo de Cuajiniquil contra el Estado. La empresa alegó que adquirió las tierras con autorización del IDA.
El arreglo. El 26 de abril del 2004 la junta directiva del IDA convino en un arreglo extrajudicial con la firma Montecarlo de Cuajiniquil.
El arreglo consistió en levantar las limitaciones a los terrenos pretendidos por los italianos para que los campesinos pudieran disponer libremente de las fincas.
Una vez que se levantaron las limitaciones por parte del IDA, Eliú Morales traspasó las tierras a la compañía Golf de Santa Rosa, de la cual Alessandro Malaguti figura como apoderado generalísimo sin límite de suma y su padre, Fabrizio Malaguti, como secretario.
